Conviene detenerse un momento y recordar que fue en diciembre de 2024 cuando la tierra de La Escombrera comenzó a ceder y aparecieron los primeros cuerpos de las víctimas. Ese instante no surgió de manera fortuita; fue el resultado de años de insistencia, de caminatas, de palabras repetidas y de una búsqueda sostenida por las familias y, de manera especial, por las madres que nunca aceptaron el silencio como respuesta. Aquel hallazgo marcó un quiebre profundo en una historia que durante mucho tiempo fue ignorada.
Hoy, en diciembre de 2025, volver sobre ese momento es un acto de memoria y de responsabilidad. No se trata de conmemorar un cierre ni de clausurar el dolor, sino de reconocer la fuerza simbólica y política de lo que allí ocurrió. Mirar hacia atrás permite entender que ese primer hallazgo abrió una grieta en la negación, una posibilidad para que la verdad comenzara a emerger.
En este contexto, el documental “La tierra comenzó a hablar”[1] se despliega como un relato contenido, que avanza sin estridencias, atento a las huellas que la violencia dejó inscritas en la Comuna 13 de Medellín. A través de memorias que se activan, imágenes que persisten y archivos que durante años permanecieron cerrados, la pieza acompaña a una comunidad atravesada por la intensificación del conflicto armado a comienzos de los años 2000, cuando la guerra dejó de ser un acontecimiento distante y se incrustó en la vida cotidiana, transformando los barrios en escenarios de temor, ausencias y fracturas profundas. En ese recorrido, el documental conecta el pasado de la violencia con el presente de la búsqueda, recordándonos que la verdad que hoy emerge tiene raíces hondas en un dolor largamente ignorado.
La narrativa del documental no se concentra únicamente en los episodios armados ni en la cronología de la confrontación, sino en sus consecuencias más duraderas: la búsqueda que no se detuvo, las preguntas que quedaron suspendidas y la espera prolongada de quienes aprendieron a convivir con la incertidumbre. La Escombrera emerge así como un lugar cargado de significados, un espacio donde se acumularon no solo escombros, sino silencios impuestos, negaciones reiteradas y una práctica sistemática de desaparición forzada que durante años fue desplazada de la mirada pública.
Este documental acompaña, con un ritmo deliberadamente pausado, el proceso social y judicial que hizo posible remover esa tierra. La intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[2] no se presenta como una resolución épica ni como un punto de llegada, sino como un gesto tardío y vulnerable, impulsado por la insistencia de las familias y, de manera central, por las mujeres que sostuvieron la memoria cuando el Estado optó por no escuchar. En ellas, la búsqueda no fue solo un reclamo, sino una forma de cuidado frente a la amenaza constante del olvido.
Después de años marcados por la inacción estatal, los cuerpos recuperados adquieren la posibilidad de narrar lo que fue negado. Su aparición no inaugura una verdad nueva, sino que confirma lo que las madres y las familias afirmaron durante décadas: que La Escombrera era un lugar de desaparición e impunidad. Lo que emerge de la tierra no sorprende a quienes buscaron, pero sí interpela a una sociedad que durante mucho tiempo miró hacia otro lado.
Por ello, el hallazgo de siete cuerpos no es tratado como una cifra ni como un cierre tranquilizador. Cada recuperación es presentada como una respuesta tardía a una verdad sostenida en condiciones de soledad, incredulidad y desgaste. El documental deja claro que no se trata de descubrir, sino de reconocer; no de revelar, sino de escuchar aquello que ya había sido dicho, repetido y defendido por quienes buscaron sin garantías, sin certezas y, muchas veces, sin respaldo institucional.
En este punto, la narración sugiere que la tierra no habla por sí sola. Son las palabras insistentes, los nombres cuidados, los recuerdos que se niegan a desaparecer los que, con el tiempo, abren la superficie. La Escombrera se transforma así de un lugar de ocultamiento en un espacio donde la verdad comienza a hacerse visible de manera lenta y frágil, sostenida por la dignidad y la resistencia de quienes se negaron a aceptar que el silencio fuera el destino final.
La historia en este documental se construye como una voz plural. En su centro están las víctimas, cuyas palabras cargan el peso del paso del tiempo, pero también una firmeza ética que no se quebró. Sus relatos se entrelazan con otras voces —magistrados de la JEP, equipos forenses de la Unidad de Investigación y Acusación y de la Unidad de Búsqueda, defensoras y defensores de derechos humanos— que no reemplazan el dolor, sino que intentan rodearlo con cuidado, traduciendo la memoria en procedimientos, decisiones y responsabilidades.
Este entramado de miradas permite dimensionar la magnitud de lo ocurrido sin reducirlo a datos ni a explicaciones técnicas. El documental muestra que la verdad no es un acto individual ni inmediato, sino un proceso colectivo que exige tiempo, escucha y compromiso. En ese recorrido compartido se revela una obstinación ética basada en seguir buscando cuando todo parecía cubierto, cuando la herida amenazaba con cerrarse en falso bajo capas de indiferencia.
Ver “La tierra comenzó a hablar” implica aceptar una invitación incómoda pero necesaria: la de confrontar aquello que fue enterrado bajo la tierra, la burocracia y la negación. No ofrece alivios rápidos ni narrativas reconciliadoras, sino un encuentro honesto con una historia que sigue abierta y que interpela a la sociedad colombiana en su conjunto.
En ese recorrido se hace visible la tensión entre un Estado que durante años negó o minimizó la desaparición y una institucionalidad transicional que, aunque tardía y limitada, intenta escuchar, acompañar y reconocer. El documental no idealiza a la JEP ni clausura las heridas, pero muestra cómo, incluso en medio de sus límites, este proceso ha permitido que la verdad circule, que los cuerpos sean buscados y que las memorias encuentren un espacio de dignidad.
Por todo ello, este documental resulta fundamental para quienes habitan Colombia y para quienes se interesan en los caminos de la justicia transicional y la reconstrucción del tejido social. Conocer esta historia en su complejidad es asumir una responsabilidad colectiva: no repetir los mismos silencios, no normalizar la negación como política de Estado y comprender que ninguna paz es posible sin verdad, sin memoria y sin una escucha honesta a las víctimas.
Referencia
- [1] JEP. 19 de diciembre de 2025. Documental sobre los hallazgos en La Escombrera: ‘La tierra comenzó a hablar’. https://www.youtube.com/watch?v=aca_XB–y_U
- [2] La Jurisdicción Especial para la Paz surge como una justicia excepcional pensada para un país que buscaba salir de la guerra. Nacida del Acuerdo Final firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, la JEP se integra al Sistema Integral para la Paz como el espacio encargado de enfrentar judicialmente los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Su labor no se limita a establecer responsabilidades y sanciones, sino que apunta a acompañar la transición hacia la paz, colocando en el centro a las víctimas, reconociendo sus derechos y ofreciendo, al mismo tiempo, un marco de certeza jurídica para quienes comparecen ante ella. De este modo, la JEP se proyecta como un escenario donde la justicia busca contribuir a la reconstrucción del tejido social profundamente dañado por décadas de violencia.