La amenaza del presidente Gustavo Petro al Senado de la República, de realizar la consulta popular mediante decreto presidencial a pesar de no tener la aprobación del Senado tal y como se lo exige la Constitución Política, al mejor estilo del L’Etat c’est moi, muestra un talante dictatorial del mandatario que pone en alto riesgo la preservación de nuestra democracia.
La consulta popular es un mecanismo de participación, dice la Constitución; es una institución, dice la ley 134; es una opinión que se le pide al pueblo, dice la Corte. En ningún texto normativo se encuentra que la consulta popular sea un derecho, como para utilizar la ignorancia de las masas y enrabiarlas contra el Congreso, como lo hacen Petro y sus adeptos, diciéndoles que los congresistas le están negando un derecho al pueblo.
El artículo 103 de la Constitución establece que la consulta popular es un “mecanismo de participación del pueblo”, decir que es un derecho es confundir el fin (participación ciudadana) con el medio (la consulta popular). La consulta es un vehículo que conduce hacia el ejercicio de un derecho: la participación ciudadana en una decisión del gobierno. Pero la existencia de este derecho no es autónoma, nace cuando la consulta queda plenamente habilitada, es decir, solo es exigible y ejercitable si el Senado ha aprobado la realización de la consulta.
Continúa la Constitución diciendo que “El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional” (104). Posteriormente, las leyes 134 y 1757 extendieron esta facultad a los gobernadores, alcaldes, y a los ciudadanos.
Así, no es posible hablar de un derecho extensible a todo el mundo, los únicos facultados para consultar al pueblo son el presidente, los gobernadores, los alcaldes, y un grupo de ciudadanos equivalente al 5% (cuando es nacional) o 10% (si es departamental o municipal) del censo electoral. Ahora bien, ¿qué se puede consultar? La Constitución lo dice: decisiones. Y hablamos de decisiones que por ministerio de la ley o de la constitución están bajo la competencia del presidente, gobernadores, o alcaldes. Al respecto, la Corte Constitucional fue concreta en su sentencia C-180 de 1994: “la consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre actuaciones administrativas”.
Jamás puede un alcalde consultar al pueblo sobre decisiones que competen al concejo, ni los gobernadores sobre asuntos de la asamblea, como tampoco puede el presidente Petro consultar sobre asuntos que corresponden al Congreso, como lo es la modificación de la ley laboral colombiana, función que corresponde al Congreso. El presidente puede consultar al pueblo sobre decisiones que él pueda tomar. Puede, por ejemplo, consultar al pueblo si quiere un nuevo Caguán, o si quiere detener nuevas exploraciones petroleras en el país, decisiones a cargo del Gobierno Nacional; pero no se puede utilizar la institución de la consulta popular para obligar al Congreso a que expida una ley a la talla del Gobierno, eso sería un auténtico rompimiento de la división de poderes. O, entonces, ¿por qué no sacaron la reforma tributaria de 2022 mediante una consulta popular?
En todo Estado de Derecho siempre habrá momentos en que el Congreso expida leyes que le horman al Gobierno y otros casos en que no; así es nuestra democracia, la que le permitió a Petro ser presidente, la misma que desde 1991 acordamos respetarla. Respetémosla. Nuestro Congreso, bueno o malo, ya está legislando en lo laboral, si no gusta el resultado, hay que promover nuevos proyectos de ley, tomar nota de la votación de los congresistas y votar mejor en 2026; si no gusta el sistema, cambiémoslo, en la Constitución está cómo, pero respetemos nuestra Constitución.
La consulta presentada por el Gobierno desconoce la Constitución, la ley 134, y la ley 1757, por lo tanto, no es una consulta popular. Es una consulta populista, porque se está aprovechando de la calentura social y de los sentimientos de un pueblo laboral que quiere mejorar sus condiciones, para manipularlo, convulsionarlo, y conducirlo imperceptiblemente hacia el embate en contra de nuestras propias instituciones políticas.
