Se ha producido un fallo histórico en nuestro país: el expresidente Álvaro Uribe, el famoso “gran colombiano”, el político que llegó a tener el 85 % de aprobación nacional, ha sido encontrado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco de un proceso judicial que se extendió por más de diez años.
Lo que comenzó como una denuncia del propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, terminó convirtiéndose en una investigación en su contra. La Corte Suprema de Justicia, que actuaba como su juez natural al ser Uribe senador, archivó en 2018 la denuncia contra Cepeda e inició una investigación preliminar contra el expresidente, encontrando indicios de manipulación de testigos a través de su abogado Diego Cadena, conocido mediáticamente como el “abogángster”.
Uribe, un líder de derecha que impuso un discurso fuerte a comienzos de los años 2000, aprovechó el caos que dejó el proceso de paz fallido del entonces presidente Andrés Pastrana con las FARC, incluida la entrega del Caguán a esa guerrilla. Con el Congreso a su favor, impulsó —a través de maniobras que involucraron a miembros de su círculo más cercano— la reforma constitucional que le permitió la controvertida reelección presidencial, rompiendo así el equilibrio institucional de poderes en Colombia.
La justicia no distingue entre derecha o izquierda. Uribe ha sido condenado, quizá, por los delitos “menos graves” entre los muchos que se le han señalado a lo largo de los años. Como recordaba un viejo meme: “Uribe tiene más investigaciones que el SIDA”, y es común escuchar que los testigos claves terminan muertos, mientras su círculo cercano se inmola por el llamado “gran colombiano” de la derecha política.
En 2019, la Corte Suprema le abrió una investigación formal, y en 2020 le ordenó detención domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, siendo esta la primera vez que un expresidente colombiano recibe una medida de aseguramiento. Astuto como siempre, Uribe renunció al Senado pocos días después, lo que trasladó su caso a la Fiscalía, al perder el fuero de congresista. En 2021, un fiscal cercano al gobierno de Iván Duque, Gabriel Jaimes, pidió la preclusión del caso, pero los jueces la negaron en dos oportunidades, al considerar que existían serios indicios de responsabilidad penal.
Hoy, se ha hecho justicia en primera instancia: Uribe ha sido encontrado culpable de dos de los tres delitos que se le imputaban. La izquierda celebra que la justicia haya alcanzado a su antagonista político, pero también ha criticado al sistema judicial cuando los fallos no le favorecen. Ejemplo de ello es el caso de Rafael Martínez, sancionado por doble militancia en el Magdalena, lo que desde Fuerza Ciudadana fue catalogado como persecución política.
Petro, Caicedo y el Pacto Histórico han afirmado en múltiples ocasiones ser víctimas de una justicia parcializada, principalmente cuando las decisiones no responden a sus intereses. Sin embargo, este fallo contra Uribe demuestra que el sistema de pesos y contrapesos aún funciona en Colombia: el Senado ha bloqueado reformas de Petro; la justicia frenó la posibilidad de una segunda reelección de Uribe, cuando buscaban convertirlo en un presidente eterno y, como algunos lo llamaban, “chuzador de corazones”.
Hoy, la derecha llora y la izquierda ríe. La polarización sigue marcando profundamente al país, y se intensifica con llamados a marchas para protestar contra un fallo judicial de primera instancia. Este episodio anticipa lo que se avecina en las elecciones de 2026: una confrontación brutal entre los extremos, Petro y Uribe, dos figuras desgastadas y perjudiciales para un país cansado y dividido.
