Fue la frase que resumió el debate de esta semana en la Asamblea del Magdalena y salió de la Diputada Marta García hacia los diez diputados que le aprobaron un préstamo bancario de $300 mil millones al Gobernador Rafael Martínez, refiriéndose al “maquillaje” de las cifras que utilizaron para justificar una deuda que no cumplía con los indicadores legales.
Los argumentos de la Diputada García sobre la ilegalidad de los indicadores presentados fueron contundentes: El indicador de solvencia del proyecto de Ordenanza, que es el resultado de “dividir los intereses ($15.786 millones) entre el ahorro operacional ($39.385 millones) les daba como resultado 46%”.
Pero al revisar el presupuesto ejecutado a marzo de este año según reportes de la propia Gobernación del Magdalena, los reales intereses proyectados son de $26.786 millones, de los cuales a marzo ya se habían pagado a los bancos $11.948 millones, más los intereses del nuevo préstamos que recortaron a la mitad.
Con los valores reales de los intereses, ya el indicador de solvencia quedó en 68%, superando el tope máximo legal del 60%.
Pero la situación empeora si revisamos la inconsistencia del ahorro operacional de $39.385 millones presentados. ¡Los ingresos ejecutados en 2023 por las tres rentas ofrecidas en garantía (ICLD, sobretasa al ACPM y estampilla prodesarrollo), proyectados a 2024, son de apenas $198 mil millones, pero la Gobernación los infló a $294 mil millones, $100 mil millones más!) para esconder el ahorro operacional negativo que, obviamente, hace ilegal el préstamo,
En resumen, bajaron el numerador (los intereses) e inflaron el divisor (los ingresos) para maquillar el ilegal indicador de solvencia.
No había que llegar a tanto, pues las cifras eran claras: Los ingresos ofrecidos para pagar el préstamo son de $198 mil millones, pero los gastos que hoy se pagan con esos ingresos suman $239 mil millones: no queda ahorro ni excedente para pagar un crédito. Ni un gota a gota se atrevería a otorgarlo. Igual se violaba el indicador de sostenibilidad de la ley 358/97 y la calificación de riesgo no alcanzaba para la instancia de contratar, aunque no se cumplieran los indicadores. Y peor aún si se excluyen los ingresos Fonpet que hoy financian pensionados. Las costuras y el remiendo de los indicadores eran evidentes.
Aún así la Gobernación presentó la ordenanza y en principio el Gobernador Rafael Martínez intentó darle el enfoque de “victimización” utilizado recurrentemente por su grupo político, apuntando a la Diputada Angela Cedeño y a culpar a los gobiernos anteriores de “endeudar al departamento” cuando en realidad en 2018 se había pagado toda la deuda bancaria, pero Caicedo la incrementó en 25% y Martínez la cuadruplicará.
Los Diputados del gobierno quedaron confundidos con la sustentada posición de la Diputada Marta García, sustentada en cifras y datos muy contundentes. Tanto, que aprobaron tres recesos para recibir, seguramente de la Gobernación, argumentos para refutar dichas cifras.
Pero la respuesta les salió peor: El Diputado Noya, en un tono más bajo que el frecuente, manifestó “que se aprobara la ordenanza y que después lo demandaran”, como si a la Asamblea no le correspondiese el análisis de legalidad de las ordenanzas. Y la Diputada Candy Sánchez manifestó que la “autorización venía del Ministerio de Hacienda” cuando legalmente esa entidad no es instancia de decisión en un trámite de endeudamiento y la responsabilidad corresponde por ley es a la Asamblea, y así le ripostó la Diputada García.
Y aun así se terminó aprobando la ordenanza, pero en un ambiente agridulce por la demanda de nulidad que seguramente interpondrá la diputada Marta García, y Mallath Martínez y Angela Cedeño quienes valientemente también votaron negativo.
La ley 819/03 mete miedo. Si Findeter y los bancos prestan con los indicadores ilegales, como es este caso, deberán devolver los intereses cobrados y la Gobernación deberá devolver el préstamo. No obstante, en mi período como Diputado enfrenté una situación similar y aun así los bancos terminaron prestando el dinero y los entes de control engavetaron mis denuncias.
No puede pasar de agache la actitud complaciente del Comité de Vigilancia de la ley 550 de la Gobernación, que simplemente se declaró conocedor del préstamo, pero no realizó la “evaluación” que exige el Acuerdo, otra ilegalidad más. Con su complacencia, la Gobernación ha inflado la burocracia peligrosamente desde 2018, aunque el Acuerdo lo prohíbe, y septuplicado la deuda bancaria respecto a la que sumió al departamento en la ley de quiebras hace 23 años. El ahorro corriente negativo demuestra que si ha sido irresponsable e ilegal el actuar del comité en los últimos 6 años.
¿Y el Ministerio de Hacienda? No son parte del comité, aunque de seguro son conocedores de estas anomalías. Pero el aumento de los topes de los índices de endeudamiento son un muy mal mensaje del Minhacienda, pues los gobiernos futuros terminarán pagando más deudas que haciendo inversión. Debe ajustarse la ley 358/97 limitando un porcentaje de la deuda al periodo de gobierno de quien la contrata, no liberándolos.
La verdad, lo más probable es que no ocurra nada. O mejor, va a ocurrir mucho: a pesar de las ilegalidades harán el préstamo con otros bancos, pues las facultades fueron para 4 años, los entes de control no harán nada, parte de la plata se irá en corrupción y politiquería y al final los ciudadanos del Magdalena seguirán admirando y votando por los políticos que así actúan.
Yo votaré por personas que actúen como lo hizo Marta García con esta ordenanza.
OTROSÍ 1: La bolsa de Findeter para estos préstamos es de apenas $800 mil millones para las 1134 alcaldías y Gobernaciones. ¿$300 mil millones serán para el Magdalena, es decir el 40% de la bolsa nacional, aunque siempre es la peor cuando de gestionar se trata? Un golazo.
OTROSÍ 2: Y según lo anterior: ¿Quién financió las “componendas” y “autorizaciones” previas para aprobar la ordenanza? ¿Qué garantía tiene de recuperar la “inversión”? Otro golazo.
OTROSÍ 3: ¿Cómo fue en realidad?:El precandidato Caicedo “va ganando una encuesta alternativa” o como ni siquiera lo mencionaron en la “encuesta nacional” ¿le tocó pagar su propia encuesta a costosos influencers y medios para salir a figurar? Eso sí es meterle mucha plata a la política. ¿De donde saldrá? Ah, el agua, las vías, la megabiblioteca, las ordenanzas… ok, ok.
