El contrabando en Colombia es una gravísima e inminente amenaza para la seguridad nacional, la economía del país, la organización social, los procesos democráticos y la libertad política. Según estimaciones de la Dian y del Banco Mundial, el contrabando en 2022 ascendió a un monto de 8.824 millones de dólares, el 10 % del valor de las mercancías que ingresaron al país; es decir, un 2.57 % del PIB. En promedio, en el periodo 2018-2023, ha oscilado entre un 2 % y 3 % del PIB. Esta actividad ilícita no solo reduce los ingresos fiscales del Estado, sino que también representa una competencia desleal para las empresas legales en contra de su sostenibilidad y crecimiento.
El contrabando en Colombia está estrechamente relacionado con el narcotráfico; son dos caras de la misma moneda. Las rutas y redes utilizadas para el tráfico de drogas son las mismas que se emplean para el contrabando de bienes. Esta relación simbiótica permite a las organizaciones criminales diversificar sus actividades y aumentar sus ingresos. Los narcotraficantes exportan clorhidrato de cocaína, para luego, con las ganancias obtenidas, comprar mercancías de contrabando que traen y venden en Colombia. De esta manera, “bajan la plata” con enormes rentabilidades adicionales de hasta un 40 %. A pesar de estos altos márgenes, las mercancías ilegales se mantienen competitivas en el mercado interno, lo que favorece su expansión. Los narco- contrabandistas ganan por punta y punta. Además, los recursos obtenidos del contrabando se reinvierten en la financiación de la producción y distribución de drogas ilícitas, en un ciclo perpetuo de criminalidad.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) han sido infiltradas por redes de contrabando en diversas ocasiones. Estas entidades, encargadas de controlar y regular el comercio, son vulnerables a la corrupción interna y a la falta de recursos para combatir el contrabando de manera efectiva. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, mencionó en una entrevista radial que en diez años la aduana no ha actualizado su software ni sistematizado sus trámites por la presión de estos intereses criminales.
Diego Marín, alias Papá Pitufo, es uno de los contrabandistas más longevos y poderosos. Durante 40 años, lideró una de las redes contrabandistas más grandes del país que penetró la Polfa y la Dian a través de sobornos a funcionarios que iban desde 3 hasta 300 millones de pesos. La red de corrupción interna en estas instituciones aseguraba la entrada de mercancía ilegal por los principales puertos del país, como Buenaventura, Cartagena, San Andrés y Santa Marta. Las tácticas de Marín incluían la utilización de inscritos en el Sisbén para crear empresas ficticias y lavar activos.
El contrabando también financia campañas electorales, con el objetivo estratégico de cooptar el poder político para sus fines criminales. A través de la financiación ilegal, estas redes delincuenciales garantizan la elección de candidatos que protejan sus intereses. Por ejemplo, como lo denunció el ministro de comercio Luis Carlos Reyes, ubican en posiciones clave a recomendados por políticos. Esta influencia les permite comprar protección y garantizar la continuidad de sus actividades ilícitas. La financiación de campañas políticas con dinero del contrabando para comprar votos socava la democracia, atropella la libertad política y perpetúa la corrupción.
Para enfrentar la amenaza de la financiación ilegal de campañas, es crucial crear un sistema de financiación electoral y de partidos políticos que esté blindado contra estas prácticas. El primer paso es otorgarle a la Fuerza Pública, la Fiscalía e instituciones como la Uiaf (Unidad de Información y Análisis Financiero), capacidades presupuestales por lo menos simétricas a las que tienen las redes narco-contrabandistas. Los recortes presupuestales del gobierno Petro a estas instituciones limitaron drásticamente las posibilidades de combatir estas estructuras delincuenciales y contrarrestar su influencia en la temporada electoral que apenas comienza. ¿Coincidencia o estrategia oficial de campaña?
El próximo gobierno debe proponer en su primer año una reforma política y electoral con el consenso más amplio posible. Entre los puntos fundamentales debe incluir la creación de la jurisdicción electoral con una Corte que, en su primera conformación, pueda ser integrada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. La obligatoriedad de listas cerradas para todos los partidos y movimientos, con el requisito de un auténtico mecanismo democrático para su elaboración y evitar así la “dictadura del bolígrafo”. Mantener en la Cámara de Representantes la circunscripción departamental, pero transformar la circunscripción del Senado en regional (Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular). Regular el cabildeo parlamentario como lo propuso en 2014 el entonces senador Carlos Fernando Galán. Fomentar la enseñanza de la historia mundial, nacional y regional, así como la educación para la democracia en todos los proyectos educativos institucionales (PEI) de establecimientos públicos y privados, para que los ciudadanos desarrollen una conciencia democrática crítica y analítica como garantía de unas elecciones libres y justas.
La Fuerza Pública y el sistema judicial en Colombia deben desarrollar articuladamente una estrategia integral para combatir el contrabando. Utilizar herramientas de inteligencia y, sobre todo, contrainteligencia para detectar las redes de corrupción infiltradas dentro de las entidades. Inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para identificar y desmantelar redes de contrabando. Fortalecer la cooperación con otros países para combatir el contrabando transfronterizo.
Proveer capacitación, profesionalización, escalas salariales y recursos adecuados a la Dian y la Polfa para mejorar su capacidad de respuesta. Asegurar que los contrabandistas capturados sean procesados y condenados de manera efectiva, con un mensaje claro de intolerancia hacia estas actividades.
El contrabando en Colombia es una problemática compleja que requiere una respuesta contundente, interagencial y articulada. Su impacto en el PIB, su relación con el narcotráfico, la infiltración en entidades de control y la financiación de campañas políticas son puntos neurálgicos que deben ser abordados con mano dura en la aplicación de la ley. El sistema inmunológico para la democracia pasa por un blindaje a la financiación de campañas y una estrategia integral de la Fuerza Pública y el sistema judicial. El contrabando es contra todos.
