Un candidato que lee todos sus discursos, que rehúye los debates y que evita las entrevistas no está preparado para gobernar un país. Está preparado, a lo sumo, para repetir un libreto. Ese es hoy el rostro del candidato que la izquierda pretende llevar al escenario presidencial: Iván Cepeda.
Cepeda es un senador de larga trayectoria legislativa, pero su carrera política carece de un elemento esencial para aspirar a la Presidencia: experiencia ejecutiva. Nunca ha administrado un presupuesto, nunca ha dirigido una entidad pública, nunca ha enfrentado una crisis de gobierno ni ha tenido que rendir cuentas por resultados. Gobernar un país no es litigar, ni denunciar, ni señalar culpables: es tomar decisiones complejas con consecuencias reales, algo para lo que Cepeda no ha demostrado preparación.
Su capital político se ha construido casi exclusivamente desde la confrontación. Su mayor logro —haber contribuido a la condena en primera instancia de Álvaro Uribe Vélez— es presentado como prueba de liderazgo, cuando en realidad evidencia una agenda política anclada en el pasado. Cepeda no ofrece una visión de país hacia adelante; ofrece una narrativa permanente contra un adversario. Un proyecto presidencial no puede sostenerse indefinidamente sobre un antagonista.
Cepeda fue negociador del Acuerdo de La Habana y ha sido ideológicamente cercano a las FARC como actor político. Ese hecho no es menor ni anecdótico. En un país que aún lidia con disidencias armadas, narcotráfico y control territorial ilegal, su ambigüedad frente a los crímenes históricos de la guerrilla genera desconfianza legítima. No basta con hablar de paz; se requiere una política de seguridad creíble, algo que la izquierda no ha logrado articular ni en el discurso ni en la práctica reciente.
El uso constante de los 6.402 falsos positivos como consigna política tampoco resuelve el problema de fondo: Colombia necesita justicia, sí, pero también necesita instituciones funcionales, Fuerzas Armadas operativas y control efectivo del territorio. Reducir la política de seguridad a una acusación permanente es irresponsable cuando los indicadores actuales muestran deterioro en orden público, expansión de grupos armados y pérdida de autoridad del Estado. La llamada “paz total” no solo fracasó: agravó el problema al enviar señales de debilidad frente al crimen organizado.
En el extremo opuesto aparece otra respuesta igualmente peligrosa: el outsider indignado, que capitaliza el rechazo a Petro y a la izquierda sin ofrecer una estructura de gobierno sólida. Allí surge Abelardo de la Espriella, un abogado mediático cuya propuesta política se sostiene más en el enfrentamiento verbal que en un programa serio de Estado.
De la Espriella no es un improvisado cualquiera: ha defendido a políticos investigados por corrupción y a personas vinculadas con estructuras paramilitares. Eso no lo descalifica jurídicamente, pero sí plantea una contradicción política cuando se presenta como adalid moral. Su discurso duro, confrontacional y sin filtros puede ser eficaz en redes sociales, pero la Presidencia no se gobierna con arengas ni con enemigos imaginarios. El Estado requiere cabeza fría, institucionalidad y capacidad de construir consensos, no solo aplausos momentáneos.
Ambos extremos comparten un problema estructural: se alimentan del odio. Uno desde la narrativa de la lucha de clases y la victimización permanente; el otro desde la indignación furiosa y el rechazo visceral. Ninguno ofrece una respuesta seria a los desafíos reales del país: crecimiento económico estancado, inseguridad desbordada, crisis fiscal, pérdida de confianza inversionista y deterioro institucional.
Colombia ya vivió este experimento. En 2022 el país fue llevado a elegir entre dos malos candidatos. El resultado fue un gobierno que prometió cambio y entregó improvisación, contradicciones y alianzas con las mismas prácticas que decía combatir. El “otro” candidato, presentado como alternativa, terminó siendo una caricatura anticorrupción con antecedentes judiciales. El espectáculo venció al proyecto.
Hoy el país se acerca peligrosamente al mismo abismo: dogma ideológico de un lado, show político del otro. Así empezó Venezuela: polarización extrema, liderazgos emocionales, desprecio por la técnica y sustitución del debate por el relato. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero fueron devastadoras. Colombia todavía está a tiempo. Pero para eso necesita algo que hoy escasea: candidatos con capacidad real de gobernar, no solo de gritar, señalar o recitar libretos.
