La movilización de 607.000 hectáreas en 27 departamentos no fue producto del azar, sino de un trabajo conjunto entre FEDEGÁN y la Agencia Nacional de Tierras. Reuniones regionales, claridad jurídica y una pedagogía paciente permitieron que cientos de productores presentaran voluntariamente sus predios
Colombia ha discutido la tierra durante décadas desde posiciones irreconciliables, como si la propiedad rural fuese un territorio vedado para el acuerdo. Ese desgaste dejó instalada la idea de que cualquier avance en materia agraria era imposible. Sin embargo, la realidad reciente demuestra lo contrario: los ganaderos decidieron participar activamente en la reforma rural integral y construyeron, junto con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el banco de predios más grande que haya tenido el país por vía voluntaria. Hoy son 607.000 hectáreas disponibles para estudios de viabilidad, un logro que no depende de discursos sino de trabajo institucional y pedagógico.
Para entender cómo se llegó a esta cifra, hay que mirar el proceso más que el resultado. Antes de hablar de hectáreas, hubo que disipar temores, aclarar procedimientos y explicar con precisión qué implicaba presentar un predio al Acuerdo de Tierras. FEDEGÁN entendió que ningún avance sería posible si los productores seguían desinformados o desconfiados, por lo que decidió desplegar su capacidad técnica a una escala que no se veía desde hacía años. Equipos especializados recorrieron regiones, visitaron fincas y llevaron al territorio información clara sobre requisitos, ruta de compra y garantías jurídicas.
Paralelamente, la ANT hizo un gesto que cambió el tono de la conversación: también salió al territorio. Funcionarios de la entidad acompañaron reuniones regionales, respondieron inquietudes de primera mano y mostraron que el Estado podía ser un interlocutor transparente y operativo. Esa presencia conjunta —gremio y Estado en la misma mesa— desmontó el ambiente de sospecha que por tanto tiempo bloqueó avances. En vez de discursos sobre la reforma rural, hubo explicaciones sobre linderos, títulos, avalúos, condiciones productivas y criterios de selección. La confianza se construyó a partir de respuestas concretas, no de consignas.
Las jornadas en Montería, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio, Aguazul, Vichada y varias zonas del Eje Cafetero fueron determinantes. Allí, productores grandes y medianos escucharon de primera mano cómo sería el proceso y qué papel cumplía cada institución. Con información precisa, los ganaderos pudieron evaluar sus predios sin miedo a decisiones improvisadas. La pedagogía redujo la tensión y permitió que el diálogo pasara del terreno ideológico al técnico.
El resultado territorial del proceso es contundente. Sucre aportó 179.741 hectáreas; Meta, 143.092; Vichada, 48.425; Bolívar, 40.127; y Cesar, 35.778. En total, 27 departamentos presentaron ofertas, desde zonas históricamente ganaderas hasta territorios donde la presencia institucional era más tenue. Esta diversidad demuestra que la decisión de participar no fue coyuntural, sino estructural: respondía a una lectura de país, no a una presión política.
FEDEGÁN complementó este trabajo con un mecanismo sencillo pero decisivo: un formulario virtual que permitió estandarizar la presentación de predios. Productores de todas las escalas diligenciaron información, anexaron documentos y formalizaron su interés sin intermediarios. La ANT recibe esos registros, adelanta estudios de viabilidad jurídica y económica y, cuando procede, realiza ofertas de compra. El propietario conserva la libertad de aceptar o rechazar la propuesta, lo que reafirma el carácter voluntario del proceso.
Lo que está en juego es mayor que la cifra de hectáreas. Este proceso demuestra que las reformas profundas requieren actores capaces de traducir los anuncios del gobierno en acciones concretas. FEDEGÁN puso su estructura territorial al servicio de un propósito nacional, y la ANT respondió con una presencia institucional que generó certidumbre. Es una alianza que contradice la narrativa tradicional según la cual gremios y Estado avanzan en direcciones opuestas.
En un país donde la discusión agraria ha estado marcada por el escepticismo, la construcción conjunta de este banco de tierras marca un punto de inflexión. Los ganaderos no se limitaron a cumplir: dieron un paso adelante y dinamizaron un proceso que durante décadas pareció inalcanzable. La reforma rural integral empezó a tomar forma no porque cambiara el discurso, sino porque cambió la manera de trabajar.
Ahora la responsabilidad recae sobre el Estado. El reto no es anunciar más hectáreas, sino transformar este banco de ofertas en compras efectivas y garantizar que las tierras lleguen a quienes realmente las necesitan. Si esa traducción no ocurre, el esfuerzo territorial de miles de ganaderos terminará diluido en la inercia institucional. Pero por primera vez en mucho tiempo, el país tiene una plataforma real sobre la cual avanzar. Y esa plataforma nació de una decisión gremial, de un ejercicio de pedagogía y de una articulación que demostró que la tierra no tiene por qué ser un campo de guerra. Puede, si se gestiona con rigor, convertirse en el terreno común donde el Estado y los productores construyan futuro.