En mi calidad de diputada del Atlántico, mi compromiso ha sido, y seguirá siendo, velar por los intereses de los ciudadanos de nuestro territorio, como lo establecen la Constitución y la Ley. Entre mis responsabilidades se encuentra el ejercicio de control político sobre el manejo de los recursos públicos, una tarea que no es opcional, sino un deber esencial para garantizar la transparencia y la correcta administración de los bienes del Estado.
Uno de los principios fundamentales de la contratación estatal es la transparencia, junto con la publicidad, pilares que exigen que toda la información relacionada con los contratos y convenios sea de conocimiento público. Los atlanticenses tienen derecho a saber cómo se están invirtiendo sus recursos. Es por eso que he insistido en esclarecer el uso de más de $670 mil millones suscritos en los últimos cinco años por la Gobernación del Atlántico, a través de convenios interadministrativos con empresas de economía mixta como Edubar y Puerta de Oro, desde la administración de Elsa Noguera De la Espriella.
Recientemente, la Asamblea aprobó una citación al secretario general de la Gobernación, Pedro Lemus, junto con los gerentes de Edubar y Puerta de Oro, Angelly Melissa Criales Aníbal y Alex de Bedout, respectivamente. La intención era que explicaran en el recinto las irregularidades detectadas en los procesos de contratación: costos excesivos, falta de resultados tangibles, ejecuciones deficientes y un impacto social limitado. Sin embargo, lo que debería ser un ejercicio normal de control político se ha convertido en un campo minado de presiones políticas y evasiones.
Las respuestas al cuestionario que previamente enviamos fueron, en el mejor de los casos, incompletas. Persisten sombras y dudas razonables sobre el uso efectivo de los recursos asignados. A esto se suma un hecho alarmante: en muchos procesos contractuales, la información reportada en la plataforma SECOP es gravemente insuficiente. No se publicaron actas de inicio, pagos ni avances en la ejecución de proyectos, como lo exige la ley. Estas omisiones no son detalles menores; son signos de una gestión que, como mínimo, carece de orden y, como máximo, evade deliberadamente el escrutinio público.
En los últimos cinco años, la Gobernación ha pagado más de $20 mil millones a Edubar y Puerta de Oro por funciones que bien podría realizar con su propio equipo jurídico y administrativo, que ya es bastante robusto. ¿No habría sido mejor destinar esos recursos directamente a obras prioritarias para los atlanticenses? Pongo sobre la mesa algunos ejemplos: agua potable, saneamiento básico, salud o educación. Mientras tanto, muchas de las obras contratadas permanecen inconclusas, drenando recursos como si se tratara de un barril sin fondo.
Mi deber como diputada es continuar vigilante, exigiendo claridad y resultados. Por eso, reitero que estas denuncias no son, ni deben ser, un impedimento para que los organismos de control fiscal cumplan con su labor de investigar y sancionar, si es necesario. Al contrario, estas acciones son el punto de partida para garantizar que los recursos públicos lleguen a donde realmente se necesitan.
El intento de silenciar este tipo de discusiones no es más que un reflejo de la incomodidad que genera la rendición de cuentas. Cuando las cifras y los resultados no cuadran, los sectores políticos responsables buscan desviar la atención, apagando los micrófonos de los denunciantes, creando cortinas de humo, cerrando los ojos y oídos de los atlanticenses. La pregunta que surge es inevitable: ¿tienen miedo al debate porque saben que los recursos públicos han terminado en los bolsillos de contratistas cercanos?
No se puede permitir que la política sea un muro de silencio y complicidad. Mi llamado es a abrir el diálogo, aclarar las dudas y, sobre todo, rendir cuentas. Es momento de que los atlanticenses conozcan la verdad sobre cómo se manejan sus recursos. Porque al final, lo que está en juego no es solo el presupuesto, sino la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Seguiré trabajando para que este debate no solo se lleve a cabo, sino que deje claros resultados. Los ciudadanos merecen una gestión pública transparente, eficiente y comprometida con el bienestar colectivo. ¿Están listos para rendir cuentas o seguirán temiéndole al debate?
