A lo largo de la historia, las negociaciones de paz son vistas como una esperanza en conflictos prolongados. Sin embargo, cuando estas negociaciones no se sostienen con una presión militar contundente, se convierten en una trampa que, lejos de resolver el conflicto, lo agrava al permitir la expansión territorial de organizaciones armadas criminales. El fracaso del Caguán en el gobierno Pastrana y de la paz total en el gobierno Petro lo demuestran.
Para que una negociación de paz sea efectiva, debe existir un equilibrio de poder entre las partes comprometidas. Este equilibrio no solo se alcanza a través de diálogos o mesas de negociación, sino también mediante la demostración de fuerza y la capacidad de imponer consecuencias. Sin presión militar significativa, las organizaciones armadas criminales se envalentonan, ven la negociación como una oportunidad para reorganizarse, fortalecerse y continuar con su agenda de violencia y crimen. La expansión territorial del clan del golfo y su estrategia de controlar todas las rentas criminales a través de franquicias, ha significado un retroceso cualitativo que pone a Colombia en riesgo de convertirse en un Estado fallido.
Diversos ejemplos históricos ilustran esta dinámica. En el país, las negociaciones de paz con las FARC, que culminaron en 2016, fueron precedidas por una presión militar constante y sin precedentes que permitió alcanzar el acuerdo de la Habana. Sin embargo, la extensísima negociación de 6 años, sumada a la no implementación del acuerdo en el gobierno Duque y en lo que va del gobierno Petro, hicieron que el Estado nunca ocupara los espacios dejados por las FARC. Esto condujo a una expansión de las organizaciones armadas que, aunque fragmentadas, siguen operando en diversas regiones del país.
En contraste, los acuerdos de paz firmados en El Salvador y Guatemala en los años 90, aunque difíciles y prolongados, estuvieron precedidos por una fuerte presión militar que obligó a las partes a llegar a la mesa de negociación con incentivos claros para cesar las hostilidades. A pesar de los desafíos posteriores, estos acuerdos lograron reducir significativamente la violencia armada.
Las organizaciones criminales, a diferencia de los movimientos insurgentes con motivaciones políticas claras, se centran principalmente en el lucro y el control territorial. Sin la amenaza de una acción militar contundente, estos grupos aprovechan las negociaciones de paz para expandir sus operaciones ilegales. La falta de presión militar les permite consolidar su poder, reclutar nuevos miembros y establecer redes más amplias y sofisticadas.
La comunidad internacional juega un papel crucial en la facilitación de negociaciones de paz, pero también debe reconocer la importancia de la presión militar en estos procesos. Las sanciones y el aislamiento diplomático deben ir acompañados de estrategias de seguridad que impongan límites claros a las organizaciones armadas criminales. Sin esta combinación de medidas, las negociaciones de paz corren el riesgo de ser percibidas como una debilidad, incentivando a los grupos armados a prolongar y expandir su influencia.
En última instancia, la paz no se logra simplemente firmando acuerdos; requiere una vigilancia constante y una disposición a usar la fuerza cuando sea necesario para mantener el orden y la seguridad. Solo así se puede garantizar que las organizaciones armadas criminales no encuentren en las negociaciones de paz una oportunidad para fortalecer su poder y perpetuar el ciclo de violencia.
