El reciente radicado en el Congreso de la República del proyecto de Ley de Competencias, orientado a implementar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), marca un punto de inflexión en el debate sobre la descentralización en Colombia. No se trata de un ajuste técnico menor ni de una simple redistribución normativa; estamos frente a una redefinición profunda de la relación entre la Nación y los territorios, con implicaciones directas sobre la planeación, la sostenibilidad fiscal y la capacidad real de los gobiernos locales para cumplir las funciones que la Constitución les asignó hace más de tres décadas.
Desde la Constitución Política de 1991, Colombia optó por un modelo de Estado descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Sin embargo, en la práctica, esa autonomía ha estado condicionada por un problema estructural: la transferencia de competencias no siempre ha venido acompañada de las capacidades institucionales, fiscales y administrativas necesarias para ejercerlas eficazmente. La descentralización, en muchos casos, se quedó en el papel.
El Sistema General de Participaciones ha sido el principal instrumento para financiar funciones esenciales como educación, salud, agua potable y propósito general. No obstante, su evolución ha evidenciado tensiones persistentes: rigideces normativas, dependencia excesiva de las transferencias, brechas profundas entre territorios y una limitada articulación entre planeación, ejecución y resultados. El debate sobre el SGP no es nuevo, pero hoy adquiere una dimensión distinta: ya no se trata solo de cuánto se transfiere, sino de quién decide, cómo ejecuta y con qué capacidades.
En particular, el proyecto de Ley de Competencias introduce objetivos sustantivos que reconfiguran la lógica sectorial y territorial del Sistema General de Participaciones, especialmente en materia de agua potable y saneamiento básico. Entre ellos se destaca el cierre de brechas para avanzar hacia la cobertura universal, reconociendo no solo los esquemas tradicionales de prestación, sino también la gestión comunitaria del agua como una forma legítima y necesaria de provisión del servicio. Asimismo, el proyecto propone ampliar las actividades financiables con recursos del SGP en este sector, priorizar en los criterios de asignación a las entidades territoriales con mayores rezagos estructurales y aumentar la participación del componente de agua apta para consumo humano dentro del Sistema. Todo ello se articula con una redistribución más clara de competencias entre Nación, departamentos y municipios, orientada a fortalecer la autonomía territorial sin sacrificar eficiencia ni sostenibilidad fiscal.
En este contexto, la Ley de Competencias emerge como una pieza clave para materializar la reforma constitucional al SGP. Su importancia radica en que pone en el centro una pregunta que durante años fue postergada: ¿están los territorios preparados para asumir más responsabilidades sin comprometer la eficiencia del gasto ni la sostenibilidad fiscal? La respuesta no puede ser uniforme, porque Colombia no es un territorio homogéneo. Existen municipios con sólidas capacidades de gestión y otros que aún enfrentan debilidades estructurales en planeación, ejecución presupuestal, control y recaudo.
Por ello, uno de los mayores aciertos y desafíos de esta Ley será reconocer que la descentralización efectiva no se decreta, se construye. Construirla implica fortalecer capacidades fiscales, mejorar la calidad de la información, articular sistemas como el FUT, el monitoreo al SGP y los esquemas de seguimiento establecidos desde el Decreto Ley 028 de 2008, y consolidar indicadores como el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) y el Índice del Sistema General de Regalías (ISGR) como herramientas reales de toma de decisiones, no como simples métricas formales.
La Ley de Competencias debe entenderse, entonces, como un puente entre la planeación y la ejecución. No basta con asignar funciones; es indispensable definir responsabilidades claras, esquemas de seguimiento, mecanismos de asistencia técnica y reglas que permitan anticipar riesgos fiscales y administrativos. En este punto, el rol del Estado Nacional, y particularmente de entidades como el DNP, serán determinante para garantizar que el fortalecimiento institucional no sea reactivo, sino preventivo y estratégico.
Además, el debate no puede reducirse a una lógica fiscalista. La descentralización es, ante todo, una herramienta para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos, cerrar brechas territoriales y fortalecer la legitimidad del Estado en los territorios. Una Ley de Competencias mal implementada puede profundizar desigualdades; una bien diseñada y acompañada puede convertirse en el mayor impulso al desarrollo territorial en décadas.
Colombia tiene hoy la oportunidad de corregir una deuda histórica: pasar de un modelo de descentralización formal a uno funcional, donde las competencias estén alineadas con capacidades reales, donde la planeación no se quede en el diagnóstico y donde el territorio deje de ser un simple ejecutor de recursos para convertirse en un verdadero actor del desarrollo.
La pregunta ya no es si debemos avanzar hacia una mayor descentralización. Esa discusión está saldada desde 1991. La pregunta clave es cómo hacerlo sin repetir los errores del pasado. La Ley de Competencias no es el punto de llegada, pero sí puede ser el punto de partida para un Estado más coherente, más eficiente y más territorialmente justo.
