La ciudadanía magdalenense merece una Asamblea que esté a la altura de los desafíos que enfrenta el departamento, no este espectáculo bochornoso de sesiones interrumpidas, micrófonos cerrados y puertas clausuradas para la prensa.
Mientras el departamento del Magdalena se ahoga en sus problemas estructurales, la Asamblea se ha convertido en un teatro de sombras donde los diputados representan una tragicomedia de enredos jurídicos y disputas personales que poco o nada aportan al bienestar de los ciudadanos.
La crisis institucional que atraviesa la corporación desde hace semanas es el reflejo perfecto de una clase política ensimismada, más preocupada por ocupar cargos directivos que por legislar en favor de un departamento que clama por soluciones reales.
El espectáculo comenzó cuando la diputada Margarita Guerra presentó una demanda de nulidad electoral contra el acto que eligió a la mesa directiva para el periodo 2025. El Tribunal Administrativo del Magdalena, con buen criterio, decretó una medida cautelar que suspendió provisionalmente dicha elección y ordenó realizar un nuevo proceso durante el primer periodo de sesiones ordinarias.
Lo que debió ser un simple acatamiento a una decisión judicial se ha convertido en un sainete donde siete diputados eligen una mesa directiva provisional mientras otros seis abandonan el recinto “para salvaguardar su integridad jurídica”. Unos invocan reglamentos, otros alegan ilegalidades, y en medio de este fuego cruzado de interpretaciones normativas, el departamento sigue esperando.
Es difícil no preguntarse si esta disputa por las curules directivas es un sofisma de distracción para que los ciudadanos no noten la ausencia de proyectos transformadores. ¿Acaso no hay problemas más urgentes que atender? Las vías en pésimo estado, la inseguridad galopante, el desempleo crónico y la pobreza que se extiende como mancha de aceite por todo el territorio magdalenense parecen no figurar en la agenda de estos honorables diputados.
Mientras tanto, la censura a la prensa se ha convertido en práctica habitual. El 10 de marzo, los periodistas de Opinión Caribe encontraron cerradas las instalaciones de la Asamblea para una sesión programada, sin que se hubiera informado de su cancelación. Desde el 1 de marzo, cuando se impidió el acceso a esta casa periodística para cubrir la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias de 2025, se ha evidenciado un rechazo sistemático hacia quienes tenemos la misión de informar.
Esta actitud de opacidad resulta particularmente preocupante. ¿Qué pretenden ocultar? ¿Por qué temer al escrutinio público si las actuaciones se ajustan a la ley? La transparencia debería ser bandera de quienes representan los intereses colectivos, no un obstáculo a sortear.
Es imperativo que los diputados del Magdalena entiendan que no fueron elegidos para protagonizar disputas bizantinas ni para convertir la corporación en un campo de batalla de egos y ambiciones personales. Su mandato es claro: legislar en favor del desarrollo departamental, fiscalizar la gestión administrativa de Rafael Martínez y su equipo de trabajo y, representar dignamente a sus electores.
La ciudadanía magdalenense merece una Asamblea que esté a la altura de los desafíos que enfrenta el departamento, no este espectáculo bochornoso de sesiones interrumpidas, micrófonos cerrados y puertas clausuradas para la prensa.
Mientras los diputados siguen enfrascados en su particular ‘juego de tronos’, el Magdalena continúa su inexorable marcha hacia el abismo de la postergación y el olvido. Es hora de que la corporación abandone este teatro de sombras y asuma con responsabilidad y transparencia el papel que le corresponde en la construcción de un mejor futuro.
