Santa Marta atraviesa una crisis silenciosa pero evidente: el miedo se ha instalado en los territorios y la ciudadanía percibe —con razón— que los actores armados ilegales han ganado terreno no solo geográfico, sino social y cultural. Lo más grave es que esta situación no es nueva, pero ha venido agudizándose ante un Estado ausente o dubitativo que ha permitido que la delincuencia se convierta en forma de gobierno en algunas zonas del Distrito.
En nuestra primera entrega del tema de seguridad hablamos con franqueza sobre una ciudad donde el miedo y la indiferencia han comenzado a parecer normales. Reiteramos: no estamos en contra de la paz, estamos exigiendo que sea real, verificable y útil para la gente. No podemos aceptar que la ciudadanía viva atrapada entre el miedo a los violentos y el silencio del Estado.
La llamada “paz total” —más allá de su intención— ha demostrado ser inviable en territorios donde no existe una presencia efectiva del Estado. Cuando no hay justicia, ni educación, ni salud, ni policía que proteja, ni juez que sancione, la paz no es más que una ilusión. Lo que se impone, en cambio, es la ley del más fuerte, el control por el miedo y la corrupción de lo social.
Es urgente redefinir las prioridades. Santa Marta no puede seguir atrapada entre el abandono institucional y el avance de estructuras ilegales que lucran con la desesperanza.
1. Recuperar los territorios desocupados. Es inaceptable que existan barrios, corregimientos o veredas donde la institucionalidad no llega. El Estado debe ocupar esos espacios con seguridad, sí, pero también con educación, justicia, salud, cultura, inversión social y oportunidades productivas. La paz se construye cuando la gente tiene más opciones legales que ilegales.
2. Fortalecer la Fuerza Pública con legitimidad y respaldo político. Necesitamos instituciones de seguridad confiables, con recursos, inteligencia y presencia. La narrativa política que deslegitima su actuar solo beneficia a quienes delinquen. No hay desarrollo posible sin orden ni autoridad legítima.
3. Impulsar el turismo sostenible y regenerativo como motor de desarrollo. Santa Marta tiene un potencial único. Pero sin seguridad no habrá turismo, inversión ni empleo que transforme el territorio. Es momento de pensar en grande: planificar territorios turísticos con enfoque ambiental, empresarial y social, que generen oportunidades dignas para miles de jóvenes hoy atrapados en círculos de violencia.
4. Diseñar políticas activas de empleo formal y emprendimiento local. La economía ilegal se nutre del desempleo. Mientras la informalidad y la precariedad laboral dominen el panorama económico, la criminalidad siempre tendrá cómo reclutar. El Estado debe competir con mejores ofertas: educación para el trabajo, capital semilla, formación digital, acompañamiento emprendedor y mercados justos.
5. Cortar toda forma de convivencia entre estructuras criminales y política. La sociedad samaria no puede seguir tolerando relaciones ambiguas entre el poder local y las redes ilegales. Es tiempo de líderes conscientes de su deber ético, capaces de rechazar alianzas oscuras, denunciar presiones, no esperar el visto bueno de las estructuras para gobernar y recuperar la confianza ciudadana. Desculturizar las conductas parainstitucionales debe ser una prioridad.
La sociedad civil no se cruza de brazos
Desde iniciativas ciudadanas como Santa Marta 500+1, creemos que este no es solo un problema de Estado: es un reto de corresponsabilidad. No venimos a reemplazar funciones públicas, pero sí a ejercer nuestro derecho a exigir, a proponer y a actuar.
La sociedad civil no se cruza de brazos. Desde iniciativas ciudadanas como Santa Marta 500+1, creemos que este no es solo un problema de Estado: es un reto de corresponsabilidad. No venimos a reemplazar funciones públicas, pero sí a ejercer nuestro derecho a exigir, a proponer y a actuar.
No más diagnósticos. Es tiempo de decisiones. Santa Marta no merece vivir atrapada entre el miedo y la resignación. La historia nos exige recuperar el rumbo con firmeza institucional, ética pública y liderazgo territorial. La paz no se decreta ni se negocia desde el escritorio: se construye con decisión, presencia y coherencia.
