Cartagena, ícono turístico de Colombia, es también escenario de una tragedia silenciada: la desaparición sistemática de personas, especialmente mujeres jóvenes y menores. Lo que a primera vista parece un fenómeno disperso y desafortunado, en realidad encierra una estructura más oscura: una red potencialmente conectada con el crimen organizado transnacional, la trata de personas, y, en los márgenes más extremos y perturbadores, la producción de material sexual audiovisual ilegal, incluso la producción macabra de videos y contenido snuff.
El caso actual que ha llamado poderosamente la atención y se ha llevado toda la atención de la opinión pública por su vitalidad en redes sociales y medios de comunicación regionales y nacionales es la desaparición de Tatiana Hernández, estudiante de medicina de 23 años, fue un quiebre en la aparente normalidad de este fenómeno Su celular y pertenencias fueron hallados cerca del mar en Bocagrande, uno de los sectores más vigilados de la ciudad. La hipótesis de un accidente fue la primera en surgir, pero su inconsistencia dio paso a una posibilidad aún más inquietante: un secuestro o desaparición forzada vinculado a redes de trata de personas Hoy, más de un mes después, no hay resultados visibles de la investigación,sin embargo próximamente tendremos más noticias sobre los nuevos hallazgos que realizó la fiscalía general de la nación sobre el celular de Tatiana y los presuntos videos entregados a la fiscalía de parte de terceros privados donde presuntamente Tatiana se le vería acompañada de personas no determinadas.
Tatiana no es un caso aislado. El expediente de desapariciones recientes se extiende con nombres como Alexandrith Sarmiento Arroyo, niña de 15 años desaparecida en 2021 en Punta Canoa; Natalia Buitrago, modelo cuya madre aún clama justicia tras su desaparición en Cartagena; Denis Vásquez Cañate, una niña de 13 años vista por última vez en febrero de 2025; o John Sebastián Martínez, estudiante de Derecho cuyo rastro se perdió en el mar. En todos estos casos, se repiten las mismas constantes: lentitud investigativa, hipótesis débiles, versiones oficiales imprecisas y omisión de líneas que impliquen crimen organizado.
La trata de personas no es una amenaza difusa. Es un fenómeno global que opera con métodos específicos: captación de mujeres jóvenes mediante engaños o fuerza, traslado a otros países o ciudades, despojo de su identidad, y su incorporación a mercados de explotación sexual o pornografía extrema. Las organizaciones criminales que manejan estas redes con presencia comprobada en América Latina, Europa del Este y Asia se valen de complicidades locales, institucionales o políticas para operar con impunidad.
En este contexto, no es descabellado considerar que algunas víctimas estén siendo utilizadas para la producción de contenido pornográfico extremo, incluyendo el contenido snuff: grabaciones reales de violencia, tortura o incluso asesinato, que circulan en mercados clandestinos de internet. Aunque estas prácticas suelen negarse por lo extremo de su naturaleza, existen investigaciones académicas y policiales en otros países que han documentado redes dedicadas a ello. En Colombia, ni la Fiscalía ni la policía parecen estar preparados para detectar, mucho menos para enfrentar, estas formas de crimen digital.
Y mientras la amenaza escala, las instituciones encargadas de proteger, investigar y buscar se mantienen en la parálisis. La Fiscalía General de la Nación continúa tratando la desaparición como un fenómeno individual, sin articulación investigativa para detectar patrones. La Policía carece de unidades especializadas permanentes para Cartagena. La Defensoría del Pueblo ha guardado un silencio cómplice, y la UBPD, creada para desapariciones en contexto de conflicto armado, ha sido incapaz de adaptarse al nuevo perfil del fenómeno.
La Alerta Rosa, plataforma creada por la Alcaldía en 2024, es un intento valioso, pero insuficiente. No hay información pública clara sobre su funcionamiento, resultados ni protocolos de acción. Mientras tanto, los políticos locales se muestran más preocupados por sus alianzas electorales que por el drama de las familias que, cada día, despiertan sin saber si su hija, hermana o madre aparecerá con vida.
El fenómeno de la desaparición en Cartagena exige ser repensado como lo que es: una crisis de derechos humanos, una red con implicaciones transnacionales, y un síntoma claro de la captura institucional por intereses que no quieren, o no pueden, actuar.
La ausencia de acción y bajos resultados no puede normalizarse ya es hora de cambiar de enfoque y ver este conjunto de fenómenos de desapariciones como lo que es y es una amenaza a la seguridad humana en la ciudad y es curioso ver el poco avance y golpes a estas estructuras delictivas dedicadas a este flagelo cada ves más visible y en boca de todos, y en el peor de los casos estas estructuras operan en complicidad entre parte de la oficialidad y cada caso sin resolver es una victoria más para estas estructuras que operan cada ves más en las sombras digitales sin embargo la opinión pública y la sociedad civil debe estar unida y atenta exigiéndo a las autoridades resultados en una ciudad donde la verdad se oculta mucho antes que el sol y la verdad queda oculta tras las grandes murallas donde nunca ven la luz del sol.