En medio de los muchos temas de la actualidad local que en los últimos días han captado nuestra atención como atlanticenses, tales como la creciente inseguridad que nos mantiene prisioneros del miedo, la controvertida valorización por una doble calzada que aún no está terminada, o la injusta reanudación del cobro de un peaje antitécnico en Puerto Colombia, hoy quiero hacer un paréntesis para referirme a un hecho ocurrido hace 70 años que representa el avance más significativo en la reivindicación de los derechos humanos en Colombia desde la liberación de los esclavos.
El miércoles 25 de agosto de 1954 fue aprobada la reforma constitucional que permitió a las mujeres ejercer el derecho al voto y, por lo tanto, participar activamente en la toma de decisiones de nuestra sociedad. Sin embargo, solo hasta el 1 de diciembre de 1957, cuando se votó el plebiscito que dio vida al Frente Nacional, pudimos expresarnos políticamente en las urnas. De los más de 4 millones cien mil participantes, 1.835.255 fueron mujeres.
Hoy, en Colombia, somos ciudadanas con pleno derecho, lo que nos permite elegir y ser elegidas. Algunas cifras así lo demuestran:
- 83 mujeres en el Congreso de la República (32 Senadoras y 51 Representantes a la Cámara).
- En el Estado colombiano, el 46% de los cargos directivos son ocupados por mujeres.
- En la Asamblea del Atlántico ocupamos el 28% de las curules.
- El 26% de los mandatarios locales en el departamento son mujeres.
De acuerdo con las encuestas de demografía del DANE, el 75,2% de la población considera que la representación igualitaria entre mujeres y hombres en puestos de elección popular es una condición que debe existir en una democracia, y el 92,5% de los hombres y el 94,6% de las mujeres votarían por una mujer.
Estos números, aunque positivos, todavía no responden a la realidad de que las mujeres somos la mitad de la población. Aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera participación política equitativa. Es una tarea diaria en la que, como actores con representación popular, seguiremos trabajando sin descanso.
Aprovecho este tema relacionado con los derechos de las mujeres para preguntar nuevamente a la administración departamental cómo está funcionando la red departamental de comisarías de familia y cuál es la incidencia en la atención y protección a las víctimas de violencia en el contexto familiar.
Como he reiterado en ocasiones anteriores, la violencia contra las mujeres en el seno de las familias se ha vuelto algo común, y es urgente que en nuestro departamento se adopten medidas que ayuden a contrarrestarla. Reitero mi propuesta de adoptar la Estampilla para la Justicia Familiar, para contribuir a que las mujeres puedan ejercer y defender sus derechos como ciudadanas.
