Cuando el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones, en la Costa Caribe creímos que entre las cosas buenas con las que llegaba el nuevo Mandatario se encontraba una visión decidida a solucionar la crisis de la energía eléctrica de la región. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Ahora, no solo tenemos dificultades peores en el servicio eléctrico del Caribe, sino que además todo el país se encuentra en grave riesgo energético, debido, entre otras causas, a la negligencia del Gobierno.
Atrás quedaron los días de soñar con las anheladas tarifas justas de energía y gas. Hoy, después de dos largos años, las promesas de campaña se desdibujan una tras otra, con las decisiones erráticas que en materia energética está tomando el Gobierno. Las soluciones propuestas por el Ejecutivo no han conducido a bajar el precio de la energía en el Caribe porque no abordan la raíz de los problemas. Adicionalmente, la inacción que se mantiene ante el incremento de la billonaria deuda con las empresas distribuidoras por conceptos de opción tarifaria y subsidios a estratos 1, 2 y 3, amenaza con desencadenar una crisis mayor. Al no girar los subsidios se confirma la nula voluntad del Gobierno para mitigar la crisis y se cuestiona su sentido de justicia social.
La Constitución Política de Colombia de 1991, como norma superior y marco obligado de referencia y de validez de todas las normas de ordenamiento jurídico, prefigura el régimen jurídico que rige los servicios públicos domiciliarios. Dicho régimen está integrado, además, por un conjunto de normas, legales y sublegales que, atendiendo a su valor jurídico, ocupan espacios específicos dentro de la jerarquía normativa. En este contexto, la propia Constitución contiene normas completas relativas a dicho régimen, susceptibles de aplicación directa, como las que autorizan a la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas, para conceder subsidios en sus respectivos presupuestos en favor de las personas de menores ingresos, para que puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. Normas que, en este caso, el Gobierno que tanto se jacta de “Justicia Social” no estaría cumpliendo a cabalidad.
Con el no pago de los subsidios a los más pobres del país, todas las distribuidoras eléctricas, tanto privadas como públicas, han entrado en un peligro de quiebra porque dependen en su mayoría de estos recursos, que el Estado debe asumir mensualmente para financiar las facturas de las familias más vulnerables. Todos los gobiernos han visto estos subsidios como una contribución paria para la hacienda pública y este parece no ser la excepción.
Hacemos un llamado al señor ministro de Hacienda para que se ponga del lado de las familias más pobres, y priorice el pago de los subsidios, porque de lo contrario estaremos frente a un nuevo y duro golpe social y económico. Recuerde que la energía más cara es la que no se tiene y la verdadera justicia social es cumplirle a los más necesitados.
