Cantadas las elecciones atípicas en el Magdalena, el departamento entró en una nueva fase de crisis política.
En principio, esto se debe a que las distintas fuerzas representativas del territorio se han volcado a la contienda electoral buscando reconfigurar su influencia y poder en la administración pública.
La disputa por la Gobernación ha tomado un tono más dinámico y confrontativo desde que el exdiputado Rafael Noya, profundizando su distanciamiento con el movimiento Fuerza Ciudadana, decidió participar en las elecciones con el respaldo de sectores del Pacto Histórico en el Magdalena.
Noya ya había roto relaciones con Fuerza Ciudadana, señalando en redes sociales que este se había convertido en una “secta política fascista” al servicio del ego del exrector, exalcalde y exgobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, líder natural del movimiento. A partir de allí, la política departamental se ha reorganizado en torno a tres grandes dinámicas:
- Fuerza Ciudadana, empeñada en sostener y profundizar su modelo de gobernanza.
- Otros movimientos y partidos progresistas, que buscan fracturar la hegemonía caicedista.
- El conjunto de actores locales, que procuran abrir espacios de participación política, contractual y burocrática en el Magdalena.
En relación con el primer punto, Fuerza Ciudadana —en cabeza de Carlos Caicedo— ha insistido en la narrativa de la persecución política por parte de una “derecha rancia” enquistada en los órganos de control y justicia, la cual, según ellos, pretende recuperar el poder en el departamento. A este discurso se suman las acusaciones de “traición” contra exmilitantes que han tomado distancia, entre ellos el propio Noya.
Por otra parte, los sectores progresistas e incluso parte de la izquierda argumentan que el “desmoronamiento” del caicedismo obedece a errores internos de administración y falta de apertura democrática. La negativa de Caicedo a consolidar una alianza amplia con el Pacto Histórico debilitó la estructura de Fuerza Ciudadana, dejando espacio para que nuevas corrientes progresistas se articulen en torno a Noya y otros liderazgos, buscando disputar el electorado que alguna vez fue caicedista.
En ese marco, la división de las fuerzas alternativas abre un terreno fértil para que diversos actores políticos —de cualquier corriente ideológica— intenten “pescar en río revuelto” con miras a obtener cuotas de poder en lo burocrático y contractual. Todo esto ocurre en un año preelectoral, cuando ya comienzan a diseñarse las estrategias para figurar en las elecciones nacionales de 2026 y las territoriales de 2027.
Frente a estas tensiones surgen interrogantes:
¿Es paranoia política la de Carlos Caicedo al acusar de traidores a sus antiguos militantes que hoy buscan independencia?
¿Podrá el Pacto Histórico, con Noya como figura, alcanzar el caudal electoral necesario para gobernar y consolidar una nueva fuerza progresista, no subordinada al caicedismo, en el Magdalena?
El tiempo dará las respuestas. Mientras tanto, conviene no perder de vista el desarrollo de estos acontecimientos. Lo que ocurra será clave para el futuro político de un departamento marcado por la corrupción y las disputas clientelistas. Si el progresismo y la izquierda aspiran a transformar las relaciones de poder en favor de la ciudadanía, la unidad y la paz política parecen ser las consignas imprescindibles para dar continuidad a un proyecto alternativo de gobernanza.
