Decir que el hambre nos está ganando la batalla en Colombia, es quedarse corto. Los años de lucha contra este flagelo no han logrado cambiar el cruel panorama que enluta a miles de familias en el país, por la falta de acceso a una alimentación adecuada. La desigualdad y la pobreza han ampliado las brechas sociales agudizando la atroz problemática.
Hace unos días el informe anual que la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) realiza en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU, constató el recrudecimiento del hambre en el territorio Nacional, concluyendo que por primera vez, Colombia sufre por inseguridad alimentaria aguda. Según el documento, el 3% de la población residente de Colombia, es decir un total de 1,3 millones de personas se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda, sobre todo en las zonas rurales “debido a los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos”.
Aunque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) recientemente reveló que la pobreza multidimensional en 2023, presentó una disminución de 0,8 puntos porcentuales en comparación con 2022, situándose en el 12,1%, persiste la pobreza y el hambre en el país, especialmente en zonas rurales, donde las condiciones de vida precarias. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para el 2023 del Dane, resaltó que el 47,3% de los colombianos se perciben como pobres. Esta encuesta también señaló que cerca de la mitad de la población en Colombia, es decir, 21.654.000 personas, se preocupó durante el año 2023 por no tener suficientes alimentos y que además, cerca de once millones de personas (10.854.000) aseguró que tuvo que saltarse una comida al día, más de tres millones (3.078.000) no comió durante un día entero y 6.372.000 quedó sin alimentos. Cifras alarmantes que ratifican la inseguridad alimentaria aguda que afronta el país.
Históricamente, la población más afectada por la falta de una alimentación adecuada ha sido la infantil, especialmente en sus primeros años de vida. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el año pasado 223 menores de cinco años murieron por desnutrición en el país. Una realidad escalofriante que exige más actuación y menos retórica por parte del gobierno para que se logre, de una vez por todas, la concertación de acciones articuladas que permitan brindar una atención adecuada a la grave crisis humanitaria.
La actual crisis climática ha dificultado, aún más, el acceso a la alimentación, impactando en mayor medida a las poblaciones vulnerables, que padecen por la escasez de agua y la inseguridad alimentaria. La desoladora situación por falta de agua que han mantenido a departamentos como La Guajira y el Chocó en una crisis humanitaria sistémica relacionada con la pobreza extrema y los problemas de salud y nutrición, se ha exacerbado ante la persistencia de fenómenos naturales. Una realidad a la que hay que buscarle soluciones.
Tampoco ayuda la lenta ejecución del Presupuesto General en inversión, que de acuerdo con la Contraloría es del 9,1%, el más bajo en las últimas tres vigencias. Es urgente que se active el motor de la economía para la generación de trabajo formal y que se fortalezca la cadena de producción de alimentos local. Las familias vulnerables del país necesitan que las ayudas lleguen a sus comunidades y veredas.
Uno de los pasos fundamentales para superar la inseguridad alimentaria es el fortalecimiento del sector agrícola, necesitamos pasar de una agricultura convencional a una autosuficiente y sustentable, con la que se garantice la seguridad alimentaria y se promueva la conservación, protección y el cuidado de los recursos naturales. Urge fortalecer el agro para derrotar el hambre.
