Por estos días, en Santa Marta se repite un déjà vu institucional que avergüenza a cualquiera que todavía crea que la justicia es pilar, y no obstáculo, del orden democrático. El protagonista es el mismo de siempre: el juez Cuarto Laboral del Circuito, Carlos Villalba, cuya pluma judicial parece más inclinada al cálculo político que al rigor constitucional. No es su primera maroma, pero sí una de las más torpes.
Los antecedentes: cuando la justicia fue usada como catapulta electoral
En 2023, el país presenció un capítulo insólito. El juez Villalba ordenó la inscripción extemporánea del candidato de Fuerza Ciudadana a la Alcaldía de Santa Marta. La decisión, que desafiaba de frente los plazos electorales y la jurisprudencia consolidada, fue rápidamente desmontada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta el 23 de noviembre de ese año.
El Tribunal no solo revocó la sentencia; expuso, con lenguaje más fino que el que permite esta columna, que aquello constituía un desvarío jurídico sin asidero normativo. Luego llegó la Sentencia T-300 de 2024 de la Corte Constitucional, que confirmó la revocatoria y además compulsó copias al juez Villalba por irregularidades en su actuación. En términos diplomáticos, la Corte dijo lo que todo el mundo pensaba: los jueces no están para sabotear el orden electoral.
Pero, como bien enseña la patología institucional, hay quienes confunden el llamado de atención con invitación a reincidir, y eso puede que suceda, por las pésimas asesorías en derecho penal que el Juez Villalba seguramente recibe de su progenie paterna, excluida del servicio judicial en virtud de la pensión, pero con un mar de desprestigio. Nunca antes había existido un ejemplo tan explícito del desprecio a la sonoridad de un apellido por su legado nauseabundo.
2025: el retorno del desquiciamiento institucional
Desde el 25 de octubre de 2025, el juez Villalba reapareció para protagonizar un nuevo bochorno jurídico. Esta vez, bloqueando la elección del contralor departamental del Magdalena. Cuatro veces —sí, cuatro— suspendió la convocatoria o el acto mismo de elección, como si estuviera probando botones al azar de una máquina procesal que no comprende o que manipula a conveniencia.
El efecto es evidente: parálisis institucional, desgaste, incertidumbre, y la sensación pública de que las decisiones judiciales no están guiadas por la ley, sino por algún tipo de brújula cuyos imanes no conoce nadie… o quizá conocen muy pocos., o quizá los alinea con el aguinaldo, porque confidencialmente estos suelen ser sus meses de bonanzas…
Porque curioso —demasiado curioso— es que sus decisiones terminen beneficiando, otra vez, al mismo sector político al que favoreció en 2023: el entorno de Fuerza Ciudadana, liderado por Carlos Caicedo, y hoy impregnado con la más nueva pero desafortunada alianza, la del pulgar que dedito arriba, y desde su residencia prisión, sigue influenciando al gremio, por el que uno solo que era serio, lo mandó a guardar y lo cierto es que el señor Villalba ha desquiciado tanto el sistema, que parecer estar ávido de hacerle compañía con pijama y camisa de rallas o bolas. Si algo caracteriza al juez Villalba es la capacidad de generar, sin necesidad de declararlo, la apariencia de afinidad con causas políticas específicas. Y en la justicia, la sola apariencia es ya una grieta peligrosa, y el rumor de recibir componendas casi una verdad procesal.
Cuando la perspectiva de género se usa como escudo para violentar el mérito
En este nuevo episodio, el juez Villalba ha querido convertir la perspectiva de género en un comodín procesal, como si pudiera reescribir las reglas de una terna de tres para favorecer a quien ocupó el sexto lugar. La inclusión de mujeres en cargos públicos es un objetivo legítimo; pervertirlo para burlar el mérito y trastocar la conformación de las ternas no lo es.
La equidad no es sinónimo de capricho. Mucho menos cuando el capricho se reviste de causa noble para manipular la estructura institucional. Hay banderas que no deberían tocar quienes las usan para tapar actuaciones sin sustento jurídico.
Lo que hoy intenta este nefasto señor es un escándalo, tomar a quien ocupó el sexto puesto y meterla en la terna, solo por el azar del emparejamiento de dos cromosomas XX, sacando a uno de los que ganó por merito su lugar y lo peor, a modo de la Ibarguen, planear por encima de la cabeza de quienes obtuvieron el cuarto y quinto lugar. Definitivamente este señor me recuerda a uno de los jueces desechables de los Corleone.
La erosión del prestigio judicial
Cada nueva decisión del juez Villalba no solo revuelca procesos concretos: erosiona la confianza en la justicia, mina la credibilidad del despacho que dirige y deja un rastro de preguntas incómodas. Preguntas que la ciudadanía formula con naturalidad, porque los hechos hablan por sí solos: ¿por qué siempre se favorecen los mismos intereses? ¿Por qué la reiteración de decisiones sin coherencia? ¿Por qué la resistencia a aprender de las reprensiones ya recibidas por superiores y por la Corte Constitucional?
La justicia no necesita operadores que parezcan moverse al ritmo de afinidades políticas, presiones externas o favorabilidades implícitas. Necesita jueces que entiendan que su rol no es pavimentar caminos ajenos, sino custodiar el orden jurídico.
Un límite necesario
Lo que sucede hoy en el Magdalena no es un simple error judicial: es el síntoma de una distorsión más profunda, una desviación que merece control, vigilancia y corrección. Las instituciones no pueden seguir sometidas al vaivén de decisiones que, en lugar de impartir justicia, profanan la estabilidad del Estado de derecho.
Si algo queda claro, es que no se puede seguir mirando hacia otro lado. La justicia no puede ser rehén de un juez que repite patrones ya cuestionados por sus superiores y que convierte sus despachos en escenarios de incertidumbre permanente.
Hay momentos en que la institucionalidad tiene que actuar para recuperar el decoro. Y este, sin duda, es uno de ellos.
