En un punto han sido asertivos mis lectores: cuando exponen que para constituir una crítica desde lo estudiantil en la Universidad del Magdalena el rector Pablo Vera Salazar no es el único actor político relevante en la narrativa que se debe posicionar. Esto es así porque sostener una visión crítica pública sobre él limita buena parte de la explicación del orden administrativo-político en la Universidad del Magdalena, y para fines de una crítica integral desde un Movimiento Estudiantil Constituyente (M.C.U) es menester ampliar el foco de observaciones para hablar de lo que poco se habla sobre la universidad.
Para comenzar, debemos hablar del Consejo Superior Universitario. Este es el máximo órgano de gobierno que con 9 votos determina el presente y futuro de los vericuetos financiero-administrativos de la Universidad. Precisamente, una de sus funciones es definir el presupuesto general que para el año 2024 fue estipulado en: $230.390.165.479,00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE). Al hacer la conversión de pesos colombianos a dólares la cifra es más impactante: 54.294.599 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO (CENTAVOS O CENTÉSIMOS) USD. En un departamento pobre como lo es el Magdalena, sin dudas estamos hablando de un presupuesto público millonario.
Tal presupuesto es distribuido en las diferentes unidades administrativas de la universidad. Por esto, para fines pedagógicos vale la pena concentrarnos en Desarrollo Estudiantil y Bienestar Universitario (sin descartar las Vicerrectorías que también juegan un papel clave en todo esto). El interés por estas dos unidades surge de la misionalidad que las fundamenta, pues dirigen su accionar especialmente hacia la comunidad estudiantil.
Desafortunadamente, tales dependencias “blanquean” lo político de las apuestas estudiantiles, dándoles prelación administrativa a Organizaciones Estudiantiles corporativistas, deleznando, por ejemplo, la creación de Movimientos Estudiantiles (como el M.C.U).
Es por esto que ciertos funcionarios públicos, conducidos por el criterio de exigencia político-administrativo de sostener la hegemonía política institucional adormilada o “blanqueada”, aclimatan con sensaciones térmicas que no se corresponden a la acalorada realidad social y territorial magdalenense-samaria a líderes y lideresas estudiantiles, que tácitamente ven constreñidas las agendas de sus movimientos y en menor medida de sus organizaciones.
Visto así, es entendible por qué el posicionamiento narrativo político crítico sobre la Universidad del Magdalena debe pasar por visibilizar a funcionarios y funcionarias que pasan inadvertidos.
En verbigracia, hablemos de los sindicatos de la universidad ¿No es relevante el saber que fueron ellos quienes azuzaron la reelección para el cargo de rectora con una misiva remitida al Consejo Superior el 11 de diciembre de 2023? ¿Qué dirán esos otros actores políticos (o en el argot de lo administrativo, esos funcionarios públicos) sobre todo este escenario político administrativo que impacta lo que llamamos ambiente universitario?
El Consejo Superior juega un papel, es cierto. Pero también los funcionarios públicos dependientes a regímenes administrativos, por ejemplo, el que ha posesionado a algunos y algunas por 8 años. Y ahora la apuesta es hacerlo por 12 años. Porque es importante decirlo: ya iniciaron las elecciones para el rector 2024-2028. Y en ese contexto, decano(a)s y director (a)s de programa ocupan un rol indiscutible. Allí radica la importancia del concepto “constituyente”, porque es el poder constituyente, es decir, el de los más de 20.000 estudiantes de la Universidad, junto con profesores y profesoras, los que constituyen la base sobre la cual se fundamenta la jerarquía político-administrativa de la institución de educación superior más potentemente financiada con que contamos en el Magdalena.
Porque no olvidemos que irónicamente en este departamento, aunque estemos financiados relativamente, contamos con superlativos índices de corrupción, delincuencia y con una arraigada “cultura” de recelo político administrativo. Porque ostentar el control de aunque sea alguna de esas instituciones públicas que si bien relativamente no tienen mucho presupuesto, hay que reconocer que en un departamento con indicadores como el nuestro 54 millones de dólares es supremamente bastante. Quizá de allí derive la controversial conducta político-administrativa de los regímenes rectatoriales de la universidad, es dedcir, el de aminorar el interés político en la comunidad estudiantil, es decir del mayoritario estamento que conforma el poder constituyente institucional, alelando el deber por velar lo público, a la par que como efecto contradictorio se va aumentando la conducta sociopolítica estudiantil (interesante para analizar desde la antropología o la psicología) de convencerles desdichados por estar en un departamento pobre, a la par que irónicamente “privilegiados” por estar en una universidad, de lo que surge un relacionamiento sociopolítico melifluo con los funcionarios públicos que raya en el paternalismo, el clientelismo y el sectarismo, hasta que se adentran arribistamente en “la rosca” (como bien entenderán los versados en los decires populares del caribe colombiano). Y estando allí se alimentan insidiosamente del viejo adagio: “El problema no es la rosca sino no estar en ella…”.
