Corriendo el riesgo de que me tilden de monotemática con el tema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad, no puedo pasar por alto referirme al panorama que a diario seguimos enfrentando en el Atlántico.
Ya no es solamente el aumento de los casos de homicidios, que de por sí es aterrador, sino que ahora nos encontramos con noticias sobre cuerpos desmembrados, como la cabeza hallada en un solar del barrio Carlos Meisel; cadáveres abandonados dentro de neveras, tal como ocurrió en el barrio San Vicente de Soledad; o ataques indiscriminados como el de la cancha del barrio Hipódromo en el que balearon a dos adolescentes que desprevenidamente hacían deporte cuando ocurrió una acción sicarial contra un hombre que murió en el acto.
Además, hay otro ingrediente, que, aunque no es nuevo, agrava todavía más la sensación de que somos prisioneros del miedo sin que las acciones anunciadas por las autoridades estén dando resultados efectivos. Es desalentador, por decir lo menos, enterarse de que apenas están abriendo sus puertas al público los locales del recién inaugurado Centro Gastronómico Internacional de Puerto Colombia y sus propietarios están siendo amenazados por extorsionistas.
Las extorsiones vuelven a estar en el foco de la atención luego de un informe dado a conocer por la misma Policía según el cual durante los primeros seis meses en toda el área metropolitana las denuncias por este delito pasaron de 547 a 640. En Barranquilla, en 2023, fueron 373 y en 2024 se pasó a 421 denuncias.
Para algunos sectores estas cifras podrían ser positivas bajo el argumento de que los afectados dejan de lado el miedo y están denunciando, pero, no es así si vamos a los resultados en cuanto a capturas por este delito que son un 13% menos en comparación con el año 2023.
El propósito de los autores de estos atroces delitos es enviar claros y aterradores mensajes de que sus deseos no son esconder sus crímenes, sino que, por el contrario, que todos vean lo poderosos que son, a tal punto que se sienten capaces de doblegar a las autoridades civiles y militares.
Es claro que se necesitan acciones integrales que cuenten con el concurso de todos los niveles de gobierno, pero no puedo dejar de referirme a la pignoración de la tasa de seguridad que aprobó la Asamblea del Atlántico hace tres meses y nuevamente preguntar tanto al gobernador del Atlántico como al alcalde de Barranquilla, ya que el distrito maneja los recursos, cómo se están invirtiendo esos dineros, porque, como ya lo he dicho anteriormente, fui la única diputada en votar en contra de esta medida, y me comprometí a supervisar sus resultados.
