El tránsito hacia una movilidad sostenible presenta complejos baches en el camino, que se están convirtiendo en grandes barreras para el desarrollo del ecosistema de la electromovilidad en el país. Para alcanzar resultados significativos en la mitigación de los efectos del cambio climático, y avanzar en la transición energética, es preciso derribar los obstáculos que amenazan el despliegue de la modernización del sector transporte y democratizar el acceso a las tecnologías de movilidad eléctrica, como una de las prioridades.
Las ambiciosas metas, establecidas por el Gobierno Nacional, de alcanzar la neutralidad climática en 2050, lograr la inscripción de 600.000 vehículos eléctricos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para 2030, o que en 2035 el 100% de los vehículos públicos adquiridos para Sistemas de Transporte Masivo sean eléctricos o con cero emisiones contaminantes, quedarán en papel si no se coordinan nuevas estrategias y se establece una política pública efectiva en torno al fomento del transporte sostenible.
De acuerdo con los datos del Runt, en el país se encuentran registrados actualmente más de 14.000 vehículos eléctricos, cifras que si bien van en aumento, resultan muy bajas y distanciadas de los compromisos climáticos internacionales.
Entre los principales retos que tiene la movilidad eléctrica en Colombia, se encuentran el cambio de paradigma sobre la reinvención del modelo de transporte, las limitaciones en la integración de la sostenibilidad a las infraestructuras urbanas, el desarrollo de la infraestructura eléctrica de recarga pública, la movilización de recursos, la integración del sector transporte, la industria y los gobiernos locales, los incentivos y demás.
Hay que recordar que el transporte es el sector responsable de más de 78% de las emisiones de partículas causantes de la contaminación del aire, de afectaciones a la salud de las personas y del cambio climático, así las cosas son más de 15 millones de vehículos los que se deben empezar a reemplazar si queremos minimizar el riesgo ambiental y para la salud relacionados con el uso combustibles fósiles en la movilidad.
Pese a los avances que en materia legislativa hemos logrado como la Ley 1964 de 2019, que establece esquemas de promoción para el uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones a través de incentivos en parqueaderos, impuestos y pico y placa; y la Ley 2099 de 2021, que exime del pago de contribución a la energía destinada a la carga de vehículos eléctricos en estaciones públicas y sistema de transporte, e incentivos fiscales para la importación y producción de vehículos eléctricos, entre otros beneficios; las talanqueras que le han puesto a la transición como las excepciones en aranceles a vehículos de bajas emisiones, vienen entorpeciendo la migración de los colombianos a estas tecnologías.
Ante el escenario retador que presenta la transición energética en Colombia, es imperioso continuar trabajando en la adopción de la movilidad sostenible. Hay que seguir incentivando la electrificación del transporte público urbano y el acceso individual a la movilidad eléctrica, a través de políticas públicas coherentes, el desarrollo de una infraestructura adecuada, así como propender por la electrificación de la economía.
