Estamos en 2054, treinta años después de la sanción de la reforma pensional de Gustavo Petro. La aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes, utilizando el articulado del Senado y la ponencia para la plenaria, marcó un hito legislativo con una mezcla de expectativas y preocupaciones que aún no se han resuelto. La reforma de 2024 logró sortear los graves vicios de trámite que, por falta de ilustración y debate integral, impidieron que tanto los legisladores como la ciudadanía comprendieran las implicaciones económicas de la Ley que entró a regir en julio de 2025, luego de una infortunada declaración de exequibilidad.
Hoy es claro que la administración del fondo público por parte del Banco de la República ha producido graves problemas en materia de política monetaria. La sostenibilidad del sistema y el costo fiscal no se midieron adecuadamente, lo que ha dificultado el acceso a la pensión por parte de la ciudadanía. La sostenibilidad financiera del sistema ha entrado en riesgo y las preocupaciones sobre la equidad y eficiencia del sistema son una constante en el debate público y la agenda nacional. Los ajustes estructurales de la reforma de 2024 se pensaron a corto plazo y las deficiencias del sistema actual ponen de manifiesto que hace treinta años no se abordaron con cuidado y seriedad las discusiones sobre el sistema de pilares y el umbral de cotización del régimen privado.
En 2024, la mayoría de los afiliados se encontraba en el sistema privado de ahorro individual, pero muchos se pensionaban a través del fondo de garantía de pensión mínima. La reforma propuso trasladar a un número considerable de personas al sistema público, lo cual pretendía resolver el problema de la sostenibilidad de dicho fondo. No obstante, buena parte de las personas con altos ingresos permanecieron en el sistema público y los subsidios que recibieron destruyeron el ahorro pensional acumulado. La sostenibilidad del sistema y los costos fiscales que conllevaba nunca terminaron de convencer a los expertos, quienes muy pronto advirtieron sobre la necesidad de una nueva reforma pensional a medio plazo.
La falta de datos condujo a una inadecuada e inoportuna evaluación de la reforma, lo que, debido a que el periodo de implementación fue demasiado corto, impidió que el sistema se adaptara a las necesidades de la ciudadanía. El impacto del mercado laboral y la inversión de la pirámide poblacional han impedido la promoción del empleo y la sostenibilidad financiera del régimen. Los problemas tecnológicos y organizacionales que enfrentó Colpensiones mermaron su capacidad para recibir y operar eficientemente a los millones de nuevos afiliados que la reforma pretendía incorporar.
Treinta años después, en 2054, la sostenibilidad, equidad y eficiencia del sistema pensional siguen siendo los mismos temas de debate de la nueva reforma propuesta por el Gobierno Nacional. Sin embargo, a diferencia de 2024, la Administración Nacional ha invitado a un amplio diálogo nacional en el que tanto la visión de los técnicos como las preocupaciones de las nuevas generaciones se han tenido en cuenta. ¿Qué habría pasado si en 2024 se hubieran considerado todos los factores técnicos en el debate democrático? Seguro no estaríamos repitiendo la historia…
Ojalá que el pronóstico dado en esta columna no se dé y que la reforma sea declarada inexequible en la Corte Constitucional.
