En Colombia, la desigualdad en la distribución de la tierra es un problema crítico que afecta a millones. Increíblemente, el 1% de las propiedades agrícolas más grandes controla el 81% del territorio rural, mientras que el 99% de las fincas se reparten el escaso 19% restante. Esta impactante concentración de tierras resulta en una situación desesperante: un millón de familias campesinas se ven obligadas a vivir en espacios más pequeños que los dedicados al pastoreo de una sola vaca. Esta injusticia no solo perpetúa la pobreza, sino que también subraya la urgente necesidad de una reforma agraria integral para lograr una verdadera equidad social.
Esta situación no es exclusiva de Colombia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Colombia, al igual que en Chile y Uruguay, aproximadamente el 1% de la población posee entre el 37% y el 40% de la riqueza total del país. En contraste, la mitad más pobre de la población solo controla una décima parte de la riqueza. Estos datos revelan una alarmante concentración de la riqueza y recursos, perpetuando la desigualdad y la exclusión social.
Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó datos alentadores sobre la pobreza monetaria y extrema en Colombia. El país logró reducir el porcentaje de personas en situación de pobreza del 36,6% en 2022 al 33% en 2023. Estos resultados son positivos para el gobierno de Gustavo Petro, cuyas políticas económicas, a pesar de la oposición de sectores ultraconservadores, están mostrando avances en materia social. Además, la aprobación de la reforma pensional por el Congreso marca un hito importante en la agenda del gobierno.
Sin embargo, la verdadera prueba para el gobierno de Petro será en el tercer período, cuando buscará promover en el Congreso la tan necesaria reforma agraria. Este esfuerzo es crucial para reducir las brechas en la tenencia de la tierra y permitir que los campesinos accedan a ella, no solo para la producción de alimentos, sino también para avanzar hacia una agroindustria sostenible y equitativa.
La pregunta crucial es: ¿Qué se debe hacer para alcanzar este objetivo? Sin lugar a duda, es necesario un acuerdo nacional para impulsar la reforma agraria, tal como quedó pactado en el acuerdo de paz de La Habana. Además, es esencial buscar alternativas de desarrollo centradas en las regiones con mayor concentración de comunidades afrodescendientes e indígenas. Estas comunidades, desde su propia realidad y cosmovisión, pueden contribuir significativamente al buen vivir, entendido como la garantía estatal del acceso a los bienes que consideran esenciales.
Para derrotar la desigualdad en ingresos y la concentración de la propiedad, Colombia debe reflexionar desde adentro. Solo a través de un compromiso genuino con la reforma agraria y el desarrollo inclusivo se podrá construir una sociedad más equitativa y justa. El camino es largo y desafiante, pero la justicia social y el bienestar de millones de colombianos dependen de estas acciones.
El futuro de Colombia está intrínsecamente ligado a nuestra capacidad para llevar a cabo cambios estructurales que fomenten la equidad y la inclusión. La reforma agraria se erige como una piedra angular en este esfuerzo, esencial para garantizar que todos los colombianos, especialmente los más vulnerables, tengan la oportunidad de prosperar y vivir con dignidad. Solo mediante una distribución justa de la tierra y los recursos podremos construir una sociedad más justa y sostenible.
