La reactivación de los diálogos entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha provocado un debate sobre la razón de ser de este proceso en medio de un paro armado indefinido decretado por esta organización criminal, especialmente en la región del Chocó.
Desde el anuncio de la reactivación de los diálogos, las delegaciones del Gobierno y el ELN han programado reuniones para finales de noviembre, marcando el segundo aniversario del inicio formal del proceso de “paz total”. Sin embargo, con el paso de los meses y años ha quedado en evidencia que no hay voluntad de paz sino un pretexto para forzar una asamblea constituyente. El ELN ha propuesto una guía para buscar soluciones y reactivar el diálogo de paz suspendido desde septiembre, tras un cobarde ataque contra nuestras fuerzas militares. Esta propuesta incluye un nuevo modelo de negociación que implementa todo lo acordado en la mesa, con verificación del cumplimiento de los acuerdos y una cláusula para los incumplimientos.
El paro armado indefinido impuesto por el ELN en el Chocó ha causado un clima de inseguridad y temor entre la población. Este paro ha afectado gravemente la movilidad y las actividades económicas en la región, poniendo en evidencia la capacidad de la criminalidad para ejercer control territorial y desafiar la autoridad del Estado. La situación en el Chocó es particularmente crítica debido a la presencia histórica del ELN y sus rentas criminales, concentradas en la minería ilegal y el narcotráfico.
La reactivación de los diálogos en este contexto deja claro que el “para que” del ELN es ganar ventaja y burlarse de los colombianos. La “paz total” es el ropaje discursivo de una alianza criminal entre el gobierno y las organizaciones delincuenciales que están sometiendo a la gente en los territorios a punta de violencia, extorsión y narcotráfico.
La continuidad de las acciones armadas por parte del ELN sugiere una falta de compromiso y de voluntad de paz total. El cese al fuego ha sido ventaja absoluta para que estas organizaciones criminales avancen sin ninguna operación de la fuerza pública de alta envergadura que frustre sus intenciones de amedrentar a la población y expandir su influencia territorial.
El ELN ha evitado comprometerse explícitamente a renunciar a las agresiones con explosivos y otras acciones violentas, lo que crea incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar una paz real. Están robando el crudo de los oleoductos para refinar la gasolina que necesitan para producir clorhidrato de cocaína. “Por sus obras los conocerás”. Al ELN ya lo conocemos.
Es innegable que el accionar del ELN constituye una amenaza directa a la seguridad y la soberanía del Estado colombiano. Este grupo ha demostrado, a lo largo de su existencia, una total indiferencia hacia el bienestar y los derechos fundamentales del pueblo colombiano. Sus actividades delictivas, que incluyen secuestros, extorsiones, atentados y asesinatos, no sólo siembran terror y desestabilización, sino que también obstaculizan gravemente el desarrollo económico y social de las regiones afectadas. La persistencia en la violencia y la criminalidad deja en claro que el ELN no tiene interés genuino en la construcción de una paz duradera, sino en perpetuar un conflicto que les permite mantener su poder y sus rentas ilícitas.
