La reciente decisión del gobierno Trump de declarar terroristas a los narcotraficantes le dio el puntillazo final a la ya fallida y equivocada política de “paz total”. Ahora bien, una confrontación abierta con Estados Unidos por la extradición tendría graves repercusiones para el interés nacional, con consecuencias directas en un deterioro aún mayor de la seguridad nacional y pública del país.
La fracasada paz total, que pretendió artificiosamente disfrazar de “política” una negociación con narcotraficantes, hoy solo puede mostrar avances con la disidencia Comuneros del Sur. El resto del ELN está, en lo que son expertos, ganando tiempo para fortalecerse y lograr una posición negociadora más fuerte con el próximo gobierno.
Por su parte, la Segunda Marquetalia de las FARC de Iván Márquez sufrió la pérdida de toda su base financiera con la nueva disidencia de Walter Mendoza y sus representados Andrés Allende del bloque ‘Alfonso Cano’ junto a Geovany Rojas “la Araña”, de los comandos de la frontera. Allende y “la araña” socios en el control absoluto del negocio criminal de la cocaína que viene de Caquetá, Putumayo y Amazonas, atraviesa la cordillera para aproximadamente en un 80 % ser exportada por el Pacífico nariñense y en un 20 % por Ecuador.
El concepto de “paz total” –en realidad alianza total con organizaciones narcotraficantes– fue presentado como una ambiciosa propuesta que buscaba integrar a todos los actores armados en un proceso de negociación para poner fin a décadas de conflicto. Sin embargo, los grupos armados, especialmente aquellos financiados por rentas criminales, no mostraron un compromiso genuino con el desarme y la reintegración. Además, la falta de coordinación y voluntad política en distintos niveles del gobierno colombiano ha torpedeado cualquier avance significativo.
La decisión de Estados Unidos de etiquetar a las organizaciones narcotraficantes como terroristas introduce una nueva dimensión al problema. Para Colombia, esto significa un endurecimiento de las políticas de lucha contra estos grupos, lo que se traduce en un aumento de la violencia y la inseguridad. Además, pone al gobierno actual en un sin salida, porque cualquier intento de negociación con estos grupos será visto como un acto de apaciguamiento o, incluso, traición por parte de la comunidad internacional.
La seguridad nacional de Colombia se verá seriamente comprometida por esta nueva designación. En primer lugar, los grupos narcotraficantes responderán con más violencia para mantener sus negocios y territorios. La escalada de enfrentamientos con la fuerza pública, en año electoral y entre los mismos grupos, conducirá a una mayor inestabilidad en las regiones ya afectadas por el conflicto.
Además, esta declaración afectará la cooperación internacional en seguridad. Los aliados del país, especialmente en América Latina, serían presionados para alinearse con la postura de Estados Unidos, lo que limitará las opciones diplomáticas y de negociación del gobierno colombiano. En un escenario extremo, tendríamos un aislamiento internacional de Colombia, haciendo mucho más difícil la lucha contra el narcotráfico y la violencia.
En el ámbito de la seguridad pública, las consecuencias son también graves. El escalamiento de la violencia y la disputa por territorio, control poblacional y rentas criminales afectarán particularmente a la población civil.
Además, la relación tensa con Estados Unidos traerá una disminución en la cooperación en ámbitos estratégicos como la inteligencia, movilidad y capacidad general de nuestra fuerza pública. La ayuda económica sería restringida. Esto no solo mermaría la capacidad del gobierno colombiano para enfrentar el narcotráfico, sino también su habilidad para el éxito de políticas de desarrollo y reintegración necesarias en la recuperación territorial.
La relación entre la fallida “paz total” y la decisión de Estados Unidos de declarar terroristas a las organizaciones narcotraficantes tiene implicaciones profundas y preocupantes para el interés nacional. Es imperativo que el gobierno colombiano aborde este desafío con una estrategia integral y coordinada que priorice la protección de los ciudadanos y la estabilidad del país por encima de la ideología.
