Inspirado en el equilibrio político inglés del siglo XVIII, en 1748 Montesquieu publicó en el Espíritu de las leyes un modelo político que revolucionaría, desde entonces y hasta hoy, la estructura política de todo Estado republicano: “Hay en cada Estado tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder judicial”, lo que hoy conocemos como la teoría de división de poderes, fundamento de las tesis de pesos y contrapesos de toda nación republicana.
Esta propuesta, en la actualidad la más defendida y aplicada en todos los países de gobernantes demócratas, en su momento fue la más agresiva para el sistema absolutista en la Francia de Luís XIV, cuando se consideraba que el rey era el apoderado del gobierno, la legislación, y la justicia. No en vano, el Espíritu de las leyes y el Contrato social, de Rousseau, junto a ilustres como Voltaire, se convirtieron en el combustible intelectual de la Revolución Francesa, poniendo fin a siglos de tiranía y despotismo.
Desde entonces, tanto en Francia como en Estados Unidos la idea de dividir el Estado en tres poderes (ejecutivo, legislativo, y judicial) se convirtió en condición obligada para la consolidación de la democracia y del sistema republicano, de allí que Francia y Estados Unidos se convirtieran en el modelo político a seguir por todas las naciones democráticas. En Colombia, desde la Constitución de Cundinamarca (1811), la división tripartida del poder ha sido el fundamento de nuestro Estado, profundizándose con la Constitución de 1991.
Por eso llama preocupantemente la atención que el presidente Gustavo Petro, en antaño un demócrata progresista formidable, en los últimos dos años haya dado un viraje impensable en él hacia una visión más absolutista del Estado ahora que tiene el poder, azuzando al pueblo para respaldar un eventual cierre del Congreso de la República porque sus iniciativas legislativas no prosperan, con el apoyo de bancadas de partidos cuya virtud ideológica es el doblez dinerario y burocrático.
Y preocupa seriamente ver a importantes líderes de izquierda saludar esta embestida del Ejecutivo, de Petro, contra el Legislativo, anunciando vientos de una asamblea nacional constituyente; anuncio que motiva a personajes como Daniel Quintero a decir que nuestro Congreso es “un Congreso que la gente quiere que cerremos”. No señores, no se equivoquen, yo también soy gente, soy pueblo, y soy demócrata progresista, pero por principio jamás apoyaré que el Ejecutivo usurpe las funciones del Congreso mediante una consulta popular.
Apoyo que se promueva garantizar la seguridad social para trabajadores de plataformas, el recargo para dominicales y festivos, la jornada ordinaria hasta las 6pm, y mejorar el acceso al mercado laboral de personas en condición de discapacidad, pero todas estas mejoras laborales tienen que tramitarse mediante proyectos legislativos, no mediante una consulta popular. Utilizar una consulta para modificar el régimen laboral es, en sí, un cierre disimulado e inconstitucional del Congreso de la República, pues el presidente fungiría de ejecutor y legislador al mismo tiempo.
Sentenció Montesquieu en su Espíritu que “Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad”. Sin lugar a dudas, el presidente Petro está amenazando las libertades, conduciendo al progresismo colombiano hacia los tiempos prerrevolucionarios, hacia el absolutismo.
