El gobierno nacional ha salido a celebrar algunos resultados económicos recientes: dólar a $4.080, desempleo del 9% (el más bajo del siglo) e inflación en el 5% (la mitad del 2022). Son cifras que, en apariencia, reflejan una economía sana. Pero basta mirar un poco más allá de los números para entender que nos están vendiendo una idea de prosperidad que no se sostiene sobre bases reales, sino sobre maniobras de corto plazo que comprometen el futuro del país.
No se trata de negar los datos. Se trata de analizar su contexto, su sostenibilidad y, sobre todo, sus verdaderas causas.
Empleo: el espejismo de la estabilidad
El gobierno celebra una reducción del desempleo. Pero omite decir que más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Es decir, tienen ingresos sin garantías laborales, sin pensión, sin salud. En muchos casos, con contratos por prestación de servicios que se renuevan cada tres meses, sin estabilidad ni derechos.
El Estado ha contribuido a esa informalidad mediante una expansión significativa de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), especialmente en el sector público, que experimentó un crecimiento cercano al 40 % entre 2022 y 2024, creando una burocracia paralela disfrazada de empleo estable.
¿Ese es el empleo que debemos celebrar?
Inflación: menos presión de precios, pero con advertencias
La inflación ha bajado al 5 %, lo cual, sin duda, es un dato positivo frente a los picos de 2022. Pero su reducción no necesariamente es señal de bienestar económico.
Durante 2023 y buena parte de 2024, el consumo de los hogares se debilitó significativamente: cayeron las ventas minoristas, se frenó el crédito y se deterioró la confianza del consumidor. Eso ayudó a contener la inflación, pero no por un mayor ingreso o poder adquisitivo, sino porque las familias estaban comprando menos.
Ahora, en 2025, el consumo ha mostrado una recuperación parcial. El DANE reportó un crecimiento del 4,1 % en el primer trimestre, pero tras dos años de caída o estancamiento. Ese repunte puede ser un rebote, no una tendencia consolidada. Además, factores como el gasto público elevado con nuevos contratos de prestación de servicios, las remesas y la circulación de dinero informal o ilícito podrían estar inflando temporalmente la demanda.
En ese contexto, la baja inflación es, en parte, reflejo de un ciclo de debilidad previa. No se debe interpretar automáticamente como síntoma de una economía en expansión sana, sino como una señal que aún requiere seguimiento cuidadoso.
Dólar bajo, confianza baja
El dólar ha descendido. Pero lejos de ser producto de la confianza internacional, se debe a dinámicas externas y al freno en las importaciones. El país importa menos porque la inversión privada se ha contraído. La incertidumbre jurídica, la inseguridad y la falta de rumbo económico han ahuyentado a muchos empresarios y capitales.
Dinero circulando, pero sin raíces
Algunos sectores dicen que “hay más dinero en la calle”. Y sí, circula dinero. Pero buena parte de él viene del gasto público sin control, de fuentes informales e incluso ilícitas. En algunas regiones, el contrabando, el narcotráfico y la corrupción alimentan una economía que parece boyante, pero que se construye sobre cimientos podridos.
La verdadera prosperidad económica no proviene simplemente de la circulación de dinero, sino de una riqueza generada a través del trabajo formal, la inversión, la innovación y el desarrollo productivo.
Las bombas de tiempo
Detrás del maquillaje, hay decisiones que comprometen el futuro de Colombia. El gobierno ha roto la regla fiscal, permitiéndose gastar más allá de lo permitido. Esto se asemeja a una familia que utiliza su tarjeta de crédito para pagar el arriendo: una solución inmediata que garantiza problemas más graves en el futuro, cuando no pueda cubrir ni lo uno ni lo otro.
Las disminuciones en las calificaciones internacionales reflejan la creciente percepción de riesgo por parte de los mercados globales. Estas evaluaciones, realizadas por agencias como Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, son esenciales para determinar la confianza que los inversores y prestamistas tienen en la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras. Una calificación más baja implica mayores costos de endeudamiento y menor atractivo para la inversión extranjera, lo que agrava las dificultades económicas existentes y limita las posibilidades de crecimiento sostenible. Esto, a su vez, desincentiva la llegada de inversión extranjera, afectando la economía nacional en un momento particularmente delicado.
Por otro lado, la crisis de seguridad, especialmente en las regiones más apartadas, continúa siendo un obstáculo para el desarrollo económico y social. Sin garantías de seguridad, tanto jurídica como física, es prácticamente imposible atraer empresas, generar empleo y fomentar un progreso sostenible.
¿Y ahora qué?
No se trata de alarmar, sino de advertir con responsabilidad. Aplaudir cifras sin entender su trasfondo es irresponsable. Y peor aún es construir discursos triunfalistas cuando la realidad de millones de colombianos sigue marcada por la informalidad, la inseguridad, el desempleo disfrazado y la incertidumbre fiscal.
Si seguimos ignorando las señales de alerta y pateando el manual de la economía, el golpe no lo sentirá el gobierno en sus informes… lo pagará el pueblo en su día a día.
