Con el inicio de la cuenta regresiva para la próxima entrada en operación comercial del mega parque solar “La Loma” ubicado en el Cesar, se marca el que esperamos sea el año del despegue de los proyectos que configurarán la Transición Energética en Colombia. La masificación de las energías renovables no convencionales en el país constituye uno de los mayores desafíos del actual gobierno, cuyo examen final será alcanzar los 6 GW de potencia instalada para 2026.
Ampliar la capacidad energética en la oferta de proyectos renovables de 504 megavatios (MW) a 1.240 MW en este 2024, es una tarea que se encuentra “casi lista”, pese a los múltiples retrasos y tropiezos que han presentado eólicos y solares, que deberían estar produciendo energía. El verdadero reto para el sector, radica en que este año, también entren al sistema los 1.800 MW adicionales que se encuentran atrancados en distintos trámites.
Una de las principales complicaciones que sufren los proyectos son los tiempos excesivos para la entrada en operación, el motivo de la fuga que han sufrido importantes megaproyectos. Hace unos días, Celsia anunció que planea vender sus proyectos de energía eólica en La Guajira, otro golpe a la transición, que deja afectada a la industria.
Los retrasos en materia renovable, están cambiando el destino de los proyectos que recibieron asignación en las subastas de energías renovables de 2019 y 2021. Por distintos obstáculos, principalmente, en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental, la mayoría de los proyectos continúan sin cumplir con sus compromisos. De acuerdo con la Asociación de Energías Renovables SER Colombia, un pequeño proyecto de energía renovable tarda en empezar a funcionar en el país, entre tres y seis años, de los cuales 70% del tiempo corresponde a unos 15 procesos administrativos. Tiempos que socavan los recursos de los inversionistas.
En este momento, es acuciante, subsanar los graves errores que ha cometido el Gobierno Nacional con resoluciones, decretos y hasta la reforma tributaria, con la que se le ha dado la espalda a la emergente industria, que se ha visto afectada en la rentabilidad de los proyectos debido a las modificaciones en los beneficios establecidos en las leyes 1715 y 2099.
La tarea la están haciendo en el sentido correcto, departamentos como el Atlántico, que han empezado a unir esfuerzos con las empresas, la Upme, las autoridades ambientales, los operadores de red, las comunidades y demás actores del sector, para sacar adelante proyectos que generarán hasta 974 megavatios con inversiones por el orden de los US$700 y US$900 millones. El Atlántico está entendiendo que la clave se encuentra en facilitar los trámites, a través de la articulación de todos los actores de la cadena.
Urge revertir el panorama actual de un sector como el renovable, que enfrenta desafíos que se han convertido en enormes cuellos de botella que alteran, de manera dramática, su dinámica. Para superar estas dificultades se requiere del compromiso público-privado con un trabajo armónico que contribuya a destrabar los procesos y trámites, brindando plenas garantías de estabilidad macroeconómica y jurídica.
