Transición Energética

Avanzar con las Comunidades Energéticas

Superar los desafíos que demanda la correcta implementación de las Comunidades Energéticas (CE) en el país, constituye uno de los grandes retos de la política de Transición Energética Justa que promueve con bríos el gobierno del presidente Gustavo Petro. Tarea que no será fácil, pero que empieza a avanzar con la expectativa de exitosos resultados.

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AGILIZAR LA ENTRADA AL MERCADO

Con el inicio de la cuenta regresiva para la próxima entrada en operación comercial del mega parque solar “La Loma” ubicado en el Cesar, se marca el que esperamos sea el año del despegue de los proyectos que configurarán la Transición Energética en Colombia. La masificación de las energías renovables no convencionales en el país constituye uno de los mayores desafíos del actual gobierno, cuyo examen final será alcanzar los 6 GW de potencia instalada para 2026.

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Transformar la industria minera

Se ha vuelto paisaje en el país, escuchar cada tanto acerca de accidentes en minas ubicadas principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Por las terribles consecuencias que está generando en un importante número de trabajadores fallecidos, lesionados y con enfermedades, la accidentalidad minera es un tema que requiere urgente atención por parte del Estado. Aunque existe un Código Minero, la regulación actual no ha sido suficiente para brindarle entornos seguros a quienes trabajan en el sector. El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, coinciden en que las tres principales causas de accidentes son: Falla geomecánica, Explosión y Atmósfera contaminada, siendo la explotación de carbón bajo tierra, la causa de mayor accidentalidad. Con una cifra anual que ronda en más de 100 accidentes mortales al año, según las estadísticas de la Agencia Nacional de Minería, se hace impostergable implementar acciones para la protección de la vida de los mineros. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, en el 2022 el sector cerró con un total de 21.935 accidentes, lo cual equivale a un promedio de 60 eventos por día y una tasa de 12,54 accidentes por cada 100 trabajadores, superando cinco veces la tasa nacional, que se ubicó en 4,65. Estos accidentes ocurren tanto en explotaciones ilícitas y en minería legal; sin embargo, existe un subregistro de los accidentes en explotaciones ilícitas precisamente, por la ilegalidad de esta actividad. Estudios geológicos identifican que las zonas mineras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca tienen presencia de gas asociado al carbón, debido a la frecuencia de las explosiones, circunstancias que coinciden con las zonas de mayor accidentalidad en el país. Las explosiones son las responsables de la mayoría de los eventos fatales, circunstancia que exige una comprensión profunda. Es por ello, que la identificación de las razones detrás de los recientes accidentes es vital para explorar alternativas que reduzcan la accidentalidad minera, especialmente en relación con el gas asociado a los mantos de carbón. Sí o sí hay que buscar una solución para reducir la accidentalidad minera. Nuestra propuesta, en este sentido, es enfocarnos en soluciones que aprovechen los recursos mineros sin comprometer la seguridad. Por ejemplo, extraer el gas asociado a los mantos de carbón puede ser la clave para: reducir la accidentalidad minera, aprovechar el gas mediante tecnologías que beneficien a la comunidad y a las empresas mineras, y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una necesidad es el trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional Minera, que redundará incluso en la posibilidad incrementar el potencial gasífero en el país. Hace unos días, en debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, pedimos y propusimos a la Agencia Nacional de Minería y a los ministerios de Minas, Protección Social y del Trabajo, concretar soluciones innovadoras que transformen la industria minera en una actividad segura y sostenible para el país y el bienestar de los trabajadores.

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