He sido insistente desde hace mucho tiempo, en la necesidad de potenciar las capacidades de ejecución de los municipios para que exista una verdadera autonomía territorial. En este, el país de las reformas, que por supuesto muchas se necesitan y afortunadamente el gobierno está tramitando, si hay una que le tuerce el pescuezo a la pobreza, es aquella que fortalece la inversión social en los territorios. Que llegue la era de la municipalidad para que llegue la época del bienestar en Colombia.
La brecha social, que desde hace años se ha hecho más grande en Colombia, se evidencia y se palpa en los territorios de los municipios del país, en la ruralidad colombiana; allá se ven muchas personas sumergidas en el mar de la desesperanza, a muchos jóvenes sin rumbo ni sueños, y a niños que crecen viendo el mal ejemplo de los comportamientos que nacen de la pobreza.
Y mientras la discusión por la televisión y por las redes sociales son otras, el pobre solo piensa en dejar de ser pobre. Por fin se dio lo que se reclamaba, poner en el centro de atención y de la agenda pública, el debate sobre la necesidad imperativa de dotar de mayores recursos y de capacidades de ejecución, a los municipios del país, a través de una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), y una posterior reforma de asignación de competencias, sobre las cuales quiero hacer las siguientes reflexiones.
El ministro del interior Juan Fernando Cristo, ha sido un hombre que durante su vida pública, incansablemente, ha venido planteando la necesidad de empoderar a los entes territoriales, y ha sido critico a las debilidades de la descentralización planteada en la constitución de 1991. Sin duda, somos un país de muchos buenos textos jurídicos, pero que no se hacen realidad, y un ejemplo claro es la autonomía de los municipios ordenada por la constitución, una autonomía sin recursos ni capacidades, una autonomía de mentiras.
La propuesta liderada por Cristo, y planteada por el gobierno nacional, consiste en una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), donde actualmente la Nación transfiere a los entes territoriales alrededor del 20% de sus Ingresos Corrientes (ICN), y se propone pasar a que los entes territoriales reciban el 46,5%, para mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua para el consumo humano y saneamiento básico e infraestructura, entre otros. Esta es una reforma como respuesta a las innumerables problemáticas de los municipios y zonas rurales que no han sido solucionadas, y que precisamente busca encontrar autonomía financiera y administrativa, para que el Estado lleve toda su oferta a los territorios.
La reforma, que tiene a la mayoría de los alcaldes a favor, también ha tenido voces en contra dentro de la opinión pública, planteándose la preocupación de que es una reforma fiscalmente insostenible. Para lo cual, el ministro del interior aclaró que la reforma además de buscar que la Nación transfiera más recursos a los municipios, también busca que estos entes territoriales tengan mayor responsabilidad en el gasto, para lo cual se propone proyectar una ley que complemente a la reforma del SGP, y que asigne o reasigne las competencias de la Nación y los territorios. Es decir, no solo es darles más plata a los municipios, eso debe llevar consigo unas reglas de juego que defina, las formas, alcances, procedimientos y demás.
En lo personal, me he percatado y he notado, que los alcaldes siempre se han sentido pequeñitos ante el centralismo de Bogotá, esos gobernantes locales que saben que sus corregimientos y veredas son de extrema pobreza, y que se ponen las manos en la cabeza cuando saben que no tienen la cantidad de recursos para llevar desarrollo a sus comunidades, pero que también, muchas veces no encuentran una conexión oportuna con el orden departamental y nacional. Sin duda para los alcaldes será un gran alivio tener verdadera autonomía territorial.
Si hay más recursos para los municipios, no solo debe haber mayor responsabilidad, sino también mayor capacidad institucional, algo que sabe el ministro del interior y el gobierno nacional. Estas reformas planteadas, deben contener una ruta y un camino para fortalecer la capacidad de quienes gobiernan en los territorios, pues para la toma de decisiones se requiere una capacidad instalada sobre los elementos de planeación necesarios para diseñar políticas públicas, para elaborar y formular proyectos, para tener eficiencia y eficacia en la contratación y ejecución, para poder lograr gobernabilidad y gobernanza.
En el debate de competencias también debe discutirse la reducción o eliminación de la intermediación, esa que conlleva a que se atasquen recursos, y a que muchas veces haya duplicidad de funciones, burocracia innecesaria, y lo que es más preocupante, que la plata no lleguen a las comunidades.
Frente a las suspicacias sobre los temores del mal uso que pueden tener algunos alcaldes de los dineros públicos, creo que no hay mayor control sobre esos recursos que la gente sabe que tiene cerca, que tiene en su municipio y en su alcaldía, que aquel que puede hacer la misma comunidad organizada. La reforma debe también incentivar el control social, a la conformación de veedurías ciudadanas, y a la participación de las juntas de acción comunal o cualquier organización social que sirva como garante de la inversión y del desarrollo de sus territorios.
El debate en el congreso avanza, ya que el porcentaje de aumento de las trasferencias del SGP está siendo discutido, es la dinámica y postura planteada por Juan Fernando Cristo, donde se dialoga y se escucha, se debate y se buscan consensos, es la dinámica que debe abrir pasos para un acuerdo nacional, como lo ha planteado el ministro del interior.
