Mientras el país pone su atención en la COP 16 en Cali, en el Atlántico parece que seguimos desconectados de la frecuencia ambiental. Este evento, un espacio donde se firman compromisos cruciales para la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los servicios ecosistémicos, aborda desafíos que deberían preocuparnos a todos, como la crisis climática, la pérdida de hábitats y la sobreexplotación de los recursos. Sin embargo, pareciera que estos temas pasan de largo en nuestra región, que ve tales compromisos como lejanos o ajenos a nuestra realidad inmediata.
Hoy quiero llamar la atención sobre una situación que debería alarmarnos: las millonarias campañas de publicidad que las empresas constructoras han desplegado para promover el proyecto inmobiliario de Ciudad Mallorquín. He visto a muchas familias invertir en este proyecto sus ahorros y esperanzas, confiando en mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la falta de información completa y clara sobre el impacto ambiental de este proyecto pone en riesgo el futuro de estas familias y del departamento entero.
Es preocupante ver cómo estas firmas, con grandes recursos a su disposición, impulsan un proyecto que podría tener consecuencias devastadoras para quienes habiten allí y para quienes vivimos en el Atlántico. Ciudad Mallorquín no solo amenaza con convertirse en una trampa para las 16,000 familias que planean construir allí su hogar, sino en un problema ambiental, de movilidad y de servicios públicos que afectará a toda la región.
El pasado 21 de julio, en la Asamblea, lideré un debate de control político donde expresé mis preocupaciones sobre los problemas de origen que tiene este proyecto. Ciudad Mallorquín, concebido sin un enfoque adecuado de sostenibilidad, es como un tumor que crece dentro de nuestra ciudad. Esta “bomba de tiempo” nos explotará en las manos si no actuamos de inmediato.
Las consecuencias son muchas y graves. En términos de movilidad, la ciudad no cuenta con la infraestructura vial para soportar el tránsito que generará esta comunidad. En cuanto a seguridad, ¿cómo podrá el Estado garantizar la presencia policial y la disposición de despachos judiciales para una población que supera las 65,000 personas? Desde el punto de vista ambiental, la pérdida de una vasta área de bosque seco tropical es un daño irreversible que amenaza la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la región. Y, en términos de salubridad, el riesgo de que las aguas residuales se viertan sin tratamiento en el río Magdalena es una amenaza directa a la salud pública y al medio ambiente.
Es por esto que insisto en que antes de avanzar con este proyecto inmobiliario se tomen todas las medidas de mitigación necesarias. No podemos permitir que, por la inacción de las autoridades ambientales y la indiferencia ante la destrucción del entorno, sigamos por un camino que hará nuestra ciudad y nuestro departamento cada vez más difíciles de habitar. Mi compromiso sigue firme en exigir respuestas y soluciones; no solo por las generaciones actuales, sino también por las futuras, que merecen un Atlántico sostenible y seguro.
