Este año de pocos claros y muchos oscuros en materia de transición energética evidenció que aún seguimos sin superar los enormes desafíos que azotan al sector. El entorno de incertidumbre económica y política junto a los constantes cambios en la regulación, los retrasos en los licenciamientos y las consultas previas, ensombrece el panorama de los proyectos renovables del próximo año. Situación que exige, como primera medida, forjar un ambiente de estabilidad que propicie la inversión internacional y local.
Llevamos 10 años desde la expedición de la primera ley de energías limpias (1715 de 2014), en los que, si bien se ha avanzado, el paso del tiempo ha ido agudizando las dificultades para el desarrollo de nuevos proyectos renovables, impactando la transición. Los largos retrasos en la entrada en operación de las líneas de transmisión, así como los múltiples obstáculos regulatorios, operativos y sociales, se han convertido en un gran escollo que sigue acumulando retrasos y, por tanto, una baja producción de energías limpias.
Aunque hace unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) destacó el progreso del país en transición energética, y SER Colombia, confirmó el ingreso de 1.900 megavatios de energía proveniente de 31 proyectos renovables de mediana y gran escala al Sistema de Interconexión Nacional (SIN), durante este año, tres veces más que en 2023, los avances siguen siendo moderados y muy alejados de las proyecciones. De acuerdo con el informe Transición energética: las energías renovables como herramienta para la sostenibilidad de Dapper Colombia: “al ritmo actual, el país tardaría 28 años en alcanzar las metas de energías renovables fijadas para 2030”, así las cosas estamos reprobados frente a los objetivos establecidos para dentro de cinco años.
Una nueva preocupación gira en torno a la Resolución 101 066 de 2024 de la Creg que va en contra de la contratación a largo plazo y de los proyectos renovables, que se verían afectados en sus cierres financieros y con grandes desventajas en las subastas de confiabilidad. Ante el anuncio de esta nueva medida, los gremios han alzado su voz por considerar que pone en riesgo la seguridad energética del país y aumenta la posibilidad de racionamientos en los próximos años. Una medida que podría convertirse en un cáliz envenenado para la transición.
La crisis energética que se vive en el país, agravada por la inestabilidad climática, exige ampliar la capacidad de generación y transmisión y con ella la oferta de energía. La diversificación de la matriz energética a partir de fuentes como la solar y eólica, nos permitirá estar mejor preparados para enfrentar los eventos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en el territorio nacional y garantizar nuestra soberanía energética. Se agota el tiempo para destrabar los proyectos e impulsar nuevas fuentes renovables que contribuyan a la satisfacción de la demanda nacional.
En este 2025, hay que derribar los obstáculos que están cambiando el destino de las renovables, revertir el panorama de fracaso de los proyectos y garantizar la estabilidad macroeconómica y jurídica del sector, respetando las reglas del juego.
