El tiempo para los proyectos renovables, que se encuentran con retrasos en los procesos de licenciamiento, consulta previa u otros permisos, se agota mientras se impacta irremediablemente los costos y el avance de la transición energética, que no logra ganarle la partida a este gran escollo. Los riesgos son altos y la incertidumbre sobre el futuro de los proyectos que no han podido ingresar al Sistema Interconectado Nacional, también.
El temor por los riesgos de más retrasos derivados de nuevos requerimientos ambientales, por parte de las autoridades responsables, tiene en vilo a muchas de las empresas. Debido a los altos costos que les está sumando la larga espera de licencias y procesos de consulta previa, los desarrolladores de proyectos, principalmente en La Guajira están tomando medidas que impactarán el ritmo de la transición energética en el país. Tal es el caso de la empresa EDP Renewables, que ha renegociado las obligaciones de Alpha y Beta, los proyectos de energía eólica más grandes del país, extendiendo los contratos hacia años posteriores.
Estos cuellos de botella que el gobierno no ha sabido sortear, están afectando a la industria, socavando los recursos de los inversionistas. El año pasado el grupo Enel anunció su decisión de suspender indefinidamente la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, debido a conflictos con las comunidades Wayúu. Por otro lado, este año Celsia informó que se encuentra estudiando la posibilidad de vender sus proyectos eólicos en La Guajira, por las dificultades y demoras para obtener o modificar las licencias ambientales y por las consultas previas. Los tiempos y las talanqueras son interminables, según la Asociación de Energías Renovables SER Colombia, un proyecto pequeño de energía renovable tarda en empezar a funcionar en el país, entre tres y seis años, de los cuales 70% del tiempo corresponde a unos 15 procesos administrativos.
Es reprochable que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sea una de las entidades que se ha encargado de colocarle tantas trabas al desarrollo de proyectos, cercenando con su negativa el avance de la transición. Hay que ver si ahora que asumió la competencia para licenciar proyectos desde los 50 megavatios (MW), va a agilizar las evaluaciones para el desarrollo de las obras. Tendrá que demostrar su compromiso y capacidad para acelerar la transición energética justa con procesos altamente eficientes.
Por otro lado, pese a los esfuerzos de los ministerios de Ambiente, Interior, y de Minas y Energía, las entidades encargadas, la empresa y las comunidades, todavía no se ha logrado armonizar los procesos que se dan en la consulta previa, manteniendo la rigurosidad ambiental bajo los principios de protección e integridad de los pueblos indígenas. Una tarea perentoria en la que estamos fallando.
Es apremiante avanzar en los trámites de los proyectos que actualmente se encuentran estancados, así como brindar seguridad jurídica y regulatoria a los inversionistas que ven en Colombia grandes oportunidades, pero también múltiples desafíos que si no se superan podrían sacrificar la transición y la soberanía energética del país.
