El panorama de la salud en el Atlántico es, lamentablemente, bastante sombrío. La liquidación de los cuatro hospitales departamentales, que resultó en la creación de la ESE Universitaria UNA, se ha revelado como un paso desacertado, generando más problemas que soluciones.
Hasta el 31 de diciembre de 2023, los compromisos financieros adquiridos por la UNA suman $151,685 millones, mientras que el recaudo es de apenas $92,487 millones, lo que cubre únicamente el 61% de los gastos comprometidos. Se prevé que las cifras de 2024 sean aún más críticas.
A nivel nacional, las Entidades Responsables de Pago (ERP) por venta de servicios de salud no cumplen con los tiempos normativos para saldar sus deudas. Esto afecta significativamente el flujo de caja de la UNA y aumenta tanto la edad de los pasivos como la cartera por cobrar.
El incremento del gasto en nómina, que ha superado el índice de precios al consumidor, es un factor clave del déficit operacional. Además, los contratos de asociación y prestación de servicios representan un alto porcentaje del déficit, beneficiando desproporcionadamente a las entidades privadas en detrimento de la institución pública.
La deuda por concepto de energía es solo uno de los múltiples problemas que enfrenta la UNA. La promesa de sostenibilidad para las instituciones de salud del Atlántico, hecha hace tres años, no se ha cumplido. La disminución del 65% en el recaudo mensual necesario para el funcionamiento de los hospitales y la falta de ingreso de la mitad de los recursos provenientes de las EPS proyectan un panorama desalentador para los cuatro hospitales dependientes de la UNA.
Frente a este sombrío panorama, la UNA podría transitar tres caminos. En primer lugar, la liquidación de la entidad, aunque no hay recursos por parte de la gobernación para ello, especialmente porque deben cumplir con los contratos ya suscritos. En segundo lugar, la escisión, es decir, regresar al estado anterior de los 4 hospitales departamentales. En tercer lugar, la intervención del gobierno nacional. Mientras tanto, los atlanticenses siguen padeciendo por la crisis en la salud del departamento.
La situación actual exige medidas urgentes y efectivas para evitar un colapso total del sistema de salud en el Atlántico. La gestión financiera y administrativa de la UNA debe ser reevaluada para corregir el rumbo y garantizar la sostenibilidad de las instituciones de salud en la región.
