El día de ayer se conoció una sesuda carta enviada por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) a varias entidades del gobierno nacional, especialmente al presidente de la República y al alto comisionado para la Paz, entre otros actores internacionales. En ella se lee entre líneas un profundo descontento del comando central de esta organización con su contraparte en la mesa: el gobierno Petro. Y si es así, tienen razones para sentirse frustrados, pues lo cierto es que ha sido el gobierno el que ha mostrado poca voluntad de avance. Como lo he dicho en otras tribunas: ¿cómo va a avanzar un proceso de esta naturaleza si no hay un marco jurídico adecuado más allá del Código Penal?
Pero vayamos al punto central de la carta:
- Las ACSN solicitan al gobierno la participación activa de su máximo líder, Carmen Evelio Carrillo, en las negociaciones, y proponen que la próxima mesa de acercamientos se realice en las instalaciones de la cárcel La Picota de Bogotá, donde este se encuentra recluido, en el patio de los extraditables. Sostienen, con vehemencia, que debe ser Carrillo quien comunique a los negociadores del Palacio de Nariño las propuestas de la organización, y condicionan el avance del proceso a su participación. El objetivo evidente es frenar la extradición que pesa sobre él.
- Es importante entender que sobre el señor Carrillo recae una solicitud de extradición con concepto favorable ya emitido por la Corte Suprema de Justicia. En mi labor como periodista amateur, supe que la Corte habría violado el principio de territorialidad, pues los hechos por los cuales un juez de Texas lo requiere —relacionados con el tráfico de estupefacientes— no demuestran una relación directa entre las supuestas cantidades de droga enviadas desde zonas cercanas de la Sierra Nevada y su llegada efectiva al territorio estadounidense. Según la información que he conocido, ni siquiera estaba comprobado que la mercancía tuviera como destino final Estados Unidos, ni que hubiera llegado a ese país. A grandes rasgos, estaríamos hablando de una grave violación al principio de territorialidad, dado que el presunto delito se habría cometido completamente en Colombia, y sería por tanto la justicia colombiana la competente para investigarlo, acusarlo y juzgarlo.
- No obstante, el presidente de la República es el único con facultad legal para vetar una extradición por razones de conveniencia nacional. Así que el balón está en su cancha. La posibilidad real de lograr resultados satisfactorios en este proceso de negociación depende directamente de él. Con la inminente extradición del señor Carrillo, el proceso podría venirse abajo por desconfianza irreparable, y la violencia escalaría nuevamente.
- La carta enviada por las ACSN puede entenderse como una estrategia bien elaborada para frenar una extradición que parece inevitable y, de paso, darle dinamismo al proceso de paz. Aquí es la organización la que está asumiendo el rol más propositivo. Pero también puede leerse como un grito desesperado para evitar ese temido viaje al extranjero, donde, como es bien sabido, las garantías procesales y sustanciales no son tan amplias como en nuestro país.
Aunque en temas de seguridad he sostenido posturas firmes, considero que en el Magdalena existen condiciones para construir una paz efectiva y duradera. Sin embargo, la indiferencia constante del gobierno de Gustavo Petro, y su inactividad generalizada, están haciendo imposible cualquier avance. La carta que hoy analizamos, sumada a la coyuntura actual, mostrará si el presidente actúa con sentido político y jurídico, o si prefiere dejar que el proceso se ahogue en su propio veneno.
