He sido un crítico constante de los procesos de negociación en Colombia. En muchos casos, estos supuestos esfuerzos de pacificación han servido más para consolidar criminalidad que para proteger territorios y comunidades. Mi posición es clara: el Estado debe aniquilar a los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de los ciudadanos. No es negociable.
Sin embargo, al vivir en el área de influencia de la Sierra Nevada y conversar directamente con miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), debo reconocer algo sorprendente: en el fondo, quieren dejar las armas. No es un gesto mediático ni un truco político; es una decisión cargada de miedo, pragmatismo y responsabilidad territorial.
En una reciente entrevista con Salud Hernández de Semana, el Comandante Cholo, quien se define también como campesino de la región, expresó abiertamente sus temores: abandonar las armas sin garantías claras podría exponerlos a extradiciones automáticas o a ataques de otros grupos armados que busquen ocupar sus territorios. Cholo nació en la Sierra Nevada, su familia vive allí, y él tiene un fuerte arraigo en la región. Su decisión de pacificar es un acto que combina responsabilidad comunitaria y riesgo personal, porque dejar las armas significa dejar su territorio vulnerable.
Paradójicamente, su mayor reclamo no es a otros grupos, sino al propio Estado: denuncia que la legalidad es débil y su control no llega a sus territorios. Es decir, alguien que ha vivido al margen de la ley reclama presencia y protección del Estado, mostrando que incluso quienes operan en la ilegalidad reconocen la necesidad de un Estado fuerte y confiable.
Pero no podemos ignorar la realidad: las ACSN mantienen un historial de violencia y criminalidad. Se les ha vinculado a varias masacres y la población de Santa Marta sigue reportando extorsiones constantes. Su voluntad de paz existe, pero la historia y la percepción ciudadana recuerdan que no hay garantías de que respeten plenamente los derechos humanos ni de que la violencia desaparezca.
El Gobierno negocia bajo la Ley 2272 de 2022, pero carece de capacidad jurídica, política y militar para proteger a quienes entregan las armas y cumplir los compromisos. La voluntad de paz existe, pero el Estado no puede garantizarla. En estas condiciones, cualquier proceso corre el riesgo de ser una falsa expectativa de paz, que no reduce realmente la violencia, sino que solo la administra de manera intermitente.
Si queremos que la paz sea efectiva, debemos enfrentar este dilema: los grupos pueden tener intención de dejar la violencia, pero solo un Estado capaz de garantizarla puede transformar esa intención en un cambio real y duradero. Hasta entonces, hablar de paz es, lamentablemente, solo un espejismo en la Sierra Nevada.
