Los resultados en picada de Ecopetrol hablan de su momento crítico y la urgente necesidad de colocarle la lupa a las decisiones que se están tomando dentro de la principal agencia estatal del país. El vertiginoso deterioro de la compañía aumenta el temor por el fuerte impacto que tendría sobre las finanzas públicas de Colombia, un eventual colapso.
La caída de 29% en sus beneficios netos durante el primer trimestre de 2024, con una reducción en sus utilidades de $1,65 billones en comparación con el mismo periodo de 2023, son nuevas cifras que se suman al desempeño negativo que viene presentando la compañía. Hay que recordar que las utilidades y los ingresos del 2023 cayeron un 42,8% en comparación con los 33,4 billones de pesos registrados en el 2022.
Por el lado de las reservas probadas, la disminución fue de 6,3%, se bajó de 2.011 millones de barriles equivalentes (crudo y gas) en 2022 a 1.883 millones de barriles al cierre de 2023, es decir, que el índice de vida de las reservas pasó de 8,4 años a 7,6 años. La reducción en la actividad de taladros petroleros es otro campanazo que tiene preocupado al sector por el rezago sin precedentes que se viene presentando, fruto de la desinversión en la exploración y producción.
El controvertido cambio del objeto social de la compañía, aprobado recientemente por la Asamblea General de Accionistas, que incorporó la investigación, planeación, estructuración y comercialización de proyectos renovables, aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol debido a las decisiones y la cuestionada estrategia corporativa que si bien debe ir direccionada a una progresiva transición energética, debe seguir fortaleciendo su principal fuente de ingresos, los hidrocarburos. Las actuales decisiones “estratégicas” lejos de posicionar a Ecopetrol como un líder en la transición hacia energías renovables, han evidenciado falencias significativas en su capacidad para adaptarse a las exigencias de un mercado cada vez más inclinado hacia la sostenibilidad.
Ningún bien le hacen a la compañía las calificaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, acerca de un presunto desfalco millonario en Ecopetrol para financiar a paramilitares, personas y política. Los señalamientos que fueron rechazados inmediatamente por los expresidentes de Ecopetrol, Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverry y Javier Gutiérrez, por falta de pruebas y sustentos, ensombrecen el panorama ya complejo por los problemas jurídicos de su actual presidente Ricardo Roa, a quien se le investiga por la financiación de la campaña presidencial de 2022.
Una lluvia de advertencias han lanzado los líderes del sector frente al futuro de la petrolera, que vislumbra inmensos nubarrones. Los evidentes tropiezos en su gestión y estrategia, especialmente de disminución de la exploración y explotación de hidrocarburos, demandan una revisión profunda y crítica. Estamos de acuerdo en que necesitamos una empresa comprometida con la transición energética, pero que también esté enfocada en potenciar los recursos de crudo y gas, garantizando su eficiencia operativa y financiera, así como la seguridad energética del país. Por lo pronto hay que tratar de despejar, con un plan de acción claro, esas nubes negras que se ciernen sobre Ecopetrol.
