Gran sorpresa causó, en su momento, el anuncio realizado por la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el entonces alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, de pasar el parque eólico Jepírachi a esquema de propiedad con las comunidades wayuu en La Guajira. La extrañeza no era solo por lo inédito de la alianza público popular, sino por el inesperado acuerdo y las inquietudes que generaba tal sucesión. La propuesta planteada como la “materialización de la transición energética justa”, se empañó de múltiples dudas que nunca fueron aclaradas, además de la molestia de las comunidades Kasiwoluin y Arutkajuy, quienes desde un principio señalaron no haber sido consultadas. Inaudito que se volviera a cometer el error de pasar por encima de las comunidades. Al parecer, todavía no se ha entendido que para avanzar en la transición energética es indispensable trabajar en armonía con las poblaciones, involucrándolas en las etapas de formulación, implementación y evaluación de todos los proyectos y propuestas que los afecte de manera directa. También, hicieron parte del debate, las inquietudes acerca del proceso de desmantelamiento que ya se había iniciado en el parque, la manera en que operaría a partir de la entrega, la sostenibilidad y el mantenimiento, y lo más importante para las comunidades cercanas a Jepírachi; ¿A cargo de quién quedaría la planta desalinizadora de agua que construyó EPM como medida de compensación? El tema de la ampliación de la vida útil del parque requería de estudios técnicos, financieros, ambientales y sociales que nunca se realizaron. Además de la urgencia de subsanar varios temas normativos para permitir la continuidad de la operación del parque, que por no existir una Creg en propiedad no se hizo. Finalmente, y como era de esperarse, EPM anunció que continuaría el desmantelamiento. Una perla más para el rosario de incumplimientos de los gobiernos con La Guajira. La resistencia y el escepticismo de la comunidad wayuu ante el despliegue de la industria de energías renovables en su territorio, tiene su origen en los históricos abusos de los que han sido víctima, por parte de anteriores proyectos extractivos de índole minera y energética. Un antecedente que, aunque no debe repetirse, sigue dándose en el camino de la transición, con el irrespeto de un territorio estratégico y clave para el futuro energético de Colombia. La transición energética “justa” no debe cimentarse en decisiones apresuradas y sin estudios, como la propuesta salida de la nada de entregar el obsoleto parque eólico Jepírachi a los wayuu, que solo fue una muestra de la improvisación, que no conviene para la política bandera del actual gobierno, menos con las comunidades que tienen sus reservas. No solo con buenas intenciones se lograrán resultados, esta promesa incumplida le da un alivio a las comunidades, quienes sabían que la propuesta estaba destinada a convertirse en un fuerte dolor de cabeza.
