El debate que nunca ha estado como prioridad en la agenda del estado y en especial del congreso, ha sido el de la descentralización fallida y el centralismo dañino desde Bogotá.
A 33 años del nacimiento de un gran texto normativo constitucional, son muchas las reflexiones por hacer, pues si bien es cierto que es un gran texto por otorgar derechos y consagrar a los ciudadanos el uso de mecanismos de protección de los mismos, entre otros, también es cierto que la garantía de esos derechos no ha sido una realidad, en otras palabras, el texto en el papel se ve muy bonito, pero si no se materializa sencillamente no vale la pena.
Debería entonces la constitución, tener en su mismo articulado los mecanismos directos y precisos, mediante órdenes de norma constitucional: de cómo hacer realidad los derechos, y no quedarnos esperando que vía congreso mediante leyes se regulen sus formas. A esta Constitución le falta mayor determinación, ya no para otorgar derechos, sino para garantizar que sí o sí se cumplan.
En especial, merece una gran reflexión lo que refiere a la figura de la descentralización que consagró la Constitución del 91, un claro ejemplo de lo que quedó en el papel como norma constitucional incumplida, y un ejemplo de que se ordenó al legislador a qué regulara las formas institucionales para materializarse, pero los intereses políticos y egoístas ganaron, fortaleciendo uno de los monstruos que más daño le ha hecho al país: el centralismo asfixiante.
Es un acuerdo nacional, una gran oportunidad para hacer nuevos planteamientos que fortalezcan tres elementos esenciales para los municipios: la autonomía territorial, más y mejores recursos, y la capacidad institucional.
Frente a la cultura del incumplimiento normativo, ya habitual en la historia del País, que se abra la discusión para que sea una norma constitucional que precise los alcances de los municipios cómo ente territorial principal del país, sin entes intermedios dónde se atasquen los recursos, que ordene mayores asignaciones presupuestales directas y a más áreas del desarrollo, y las formas para instalar verdadera capacidad institucional que diseñe políticas públicas y los elementos de planeación necesarios.
Basta de esperar que el congreso legisle, sino no lo ha hecho correctamente en esta materia.
Son los municipios los entes territoriales de los cuales depende el desarrollo del país, es ahí donde se concentra la pobreza y la falta de oportunidades, es ahí donde se deben garantizar derechos.
¿Qué hacer con las gobernaciones? Otro debate por dar, su rol de ente intermedio no era ser más determinante que los municipios, su rol era fungir en la función de complementariedad de la acción municipal y potenciar la capacidad institucional de los municipios, y no solo en su mayoría no lo hicieron, sino que muchos terminaron aislando a los gobiernos locales, trabajando sin ellos, por cálculos políticos y electorales. ¿Deben ser eliminadas las gobernaciones? Otro debate que se abre, lo que si es cierto es que deben replantearse sus alcances y sus límites, no deben ser superior a los municipios y no debe existir la posibilidad de quedarse con los recursos de las áreas de desarrollo de poblaciones municipales. El rol de los departamentos debe ser desde lo geográfico y administrativo para gestionar lo que refiere en apoyar, acompañar y fortalecer la capacidad institucional de los municipios.
La constitución política consagra los tres mecanismos para ser reformada, por un lado están los actos legislativos que emite el congreso, que hasta el día de hoy son más de 50 que han reformado la carta del 91, por otro lado tenemos el referendo que implica la participación del pueblo para avalar una reforma, y por último está la Asamblea Nacional Constituyente de la cual deben hacer parte todos los sectores representativos de la sociedad en la búsqueda de un consenso y acuerdo nacional para reformar el texto constitucional.
Satanizar una reforma mediante una asamblea nacional constituyente lleva consigo intereses políticos. Lo cierto es, que muchos dicen defender la constitución de la cual una buena parte de su contenido se quedó solo en el papel, y otras normas que deben discutirse por su inconveniencia institucional.
Los Municipios deberían apoyar un acuerdo nacional que otorgue un firme y amplio poder a los territorios, tantos pueblos que se van quedando en la resignación y la desesperanza es porqué hay una constitución que consagra derechos en letras, pero no en el corazón del ser humano. Hacer que el estado social de derecho transforme vidas y lleve dignidad humana, depende de tener una constitución política más directa y determinante.
