Desde su llegada al poder en 2022, Gustavo Petro ha buscado posicionarse como el gran reformador del modelo económico y social colombiano. El primer presidente de izquierda elegido democráticamente en la historia del país prometió transformar profundamente el sistema de salud, las pensiones y las condiciones laborales, así como alcanzar una “paz total” negociada con todos los actores armados del conflicto. Sin embargo, el balance hasta hoy dista mucho de ser favorable. Las tensiones con el Congreso, la incertidumbre jurídica, la inseguridad creciente y un estilo de gobierno errático han dejado al mandatario atrapado entre las promesas y los fracasos.
Los obstáculos han sido múltiples. Aunque su ambiciosa agenda respondía a demandas sociales históricas, la falta de una coalición sólida y su enfrentamiento constante con el Legislativo le han impedido consolidar el respaldo necesario. En este contexto, su último anuncio —la posibilidad de convocar una asamblea constituyente— encendió las alarmas en sectores políticos y sociales que temen una deriva autoritaria. Ahora Petro soltó el tema de la constituyente y ahora nos metió un Gol con las encuestas en Colombia, para eso contrato a Hanwen Zhang, estadística china radicada en Colombia, que participó en la asesoría de la ley, esta misma “experta” había salido en el año 2024 a desacreditar todas las encuestas que calificaran el mediocre gobierno de Petro.
El destacado concejal de Bogotá Daniel Briceño destapó una serie de contratos de la estadística China con el gobierno de Petro. “presidente lo que cuestiono es que la profesora no dijera públicamente que ha recibido de su gobierno Petro en el último año por $192.066.667 en contratos en el último año y que no hiciera el análisis de los miles de millones de pesos que usted derrocha en encuestas con el CNC.”
La ley que regula las encuestas políticas en Colombia contó con la asesoría técnica de Zhang
Por fuera del radar de la opinión pública, los medios y las propias encuestadoras, se aprobó en el último día de sesiones en el Congreso una ley que prohíbe las encuestas de intención de voto hasta noviembre de 2025, una vez el presidente Gustavo Petro firme la sanción presidencial. También incluye otros puntos que han generado polémica.
La iniciativa, liderada por las congresistas Angélica Lozano (Partido Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), Clara López (Pacto Histórico) y el representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo) fue radicada en octubre de 2024, pero su base viene de un proyecto impulsado por los excongresistas Rodrigo Lara y el hoy ministro Armando Benedetti. En este caso, contó con el apoyo técnico de Hanwen Zhang, doctora en estadística que ha trabajado en el análisis de encuestas políticas en el país.
El cambio más significativo es la restricción en la publicación de encuestas de intención de voto. Según el artículo 5 del texto aprobado, estas encuestas solo podrán realizarse y divulgarse a partir de los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripción de candidaturas. En el caso de las elecciones presidenciales de 2026 ese plazo inicia el 31 de enero, por lo que las encuestas de intención de voto solo podrán publicarse desde el 31 de octubre de 2025.
El texto establece que las firmas encuestadoras tendrían prohibido divulgar mediciones de intención de voto o preferencias políticas en los tres meses anteriores a la fecha de inscripción oficial de candidaturas. De acuerdo con el calendario de la Registraduría Nacional, los plazos de inscripción para los comicios de 2026 vencen el 31 de enero, por lo que la restricción cobijaría el último trimestre de 2025. La medida aplicaría tanto para los comicios presidenciales como legislativos, y su alcance incluye futuras jornadas electorales.
Además, la ley contempla modificaciones en la composición de las muestras para los estudios de opinión, obligando a que los sondeos incluyan a todos los municipios con una población superior a 800.000 habitantes, según estimaciones del Dane. Este requisito busca ampliar la representatividad y precisión de las mediciones, abarcando las principales ciudades del país.
La eventual promulgación de la norma afecta directamente la dinámica de las campañas políticas. Los aspirantes han venido utilizando los resultados de las encuestas como insumo fundamental para definir estrategias electorales y negociar alianzas con otros movimientos.
No solo las tácticas de los equipos de campaña resultarían alteradas. Las organizaciones y empresas que respaldan financieramente a los aspirantes se han valido de las encuestas como parámetro para evaluar el impacto de sus inversiones y ajustar recursos de cara al inicio formal de las campañas. La nueva legislación les impediría obtener este tipo de información durante el periodo crucial previo a la inscripción de candidaturas.
