Sorpresa tras sorpresa nos hemos llevado estos últimos meses con el sector de hacienda. Pagos dobles o triples, los sistemas de la Dian caídos, que se reparan, pero no sirven, y afectan a los usuarios aduaneros y, ahora, el choque de trenes por los $13 billones del Presupuesto General de la Nación que quedaron sin asignación específica para este año.
Si había algo en lo que se podía confiar era en la seriedad y experiencia de los funcionarios del sector hacienda. Es insólito lo que está sucediendo, errores dantescos, cuando hay funcionarios como el coordinador del Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) y el jefe de la Oficina de Seguridad de la información de la Dian, del año pasado, con más de 20 años de experiencia, ni que decir de la renuncia de la directora de Presupuesto con 18 años en el ministerio. ¿Qué está ocurriendo?
De los pagos dobles y triples, poco se sabe, aún el ministerio no explica, de manera clara, lo que en realidad pasó en el Siif en noviembre. Lo que sí advierten los financieros de los diferentes órganos que conforman el PGN, es que los problemas en el Siif no cesan. El mes de enero fue un caos, se percibía el sistema recargado, muchos órganos del estado solo pudieron realizar registros presupuestales en la tercera o cuarta semana.
Por otro lado, hay un cúmulo de facturas no pagadas. El año pasado existían plataformas que permitían la incorporación de la facturación electrónica de los proveedores del Estado al Siif, sin embargo, sin razón aparente, en noviembre -coincidencialmente con los pagos triples- se creó un módulo dentro del mismo sistema para “montar” la factura electrónica, que comenzó a operar desde el 1 de enero de este año a través de una guía del 16 de diciembre. Con un “detallito” de pronto por la prontitud no se permitió migrar la información de las plataformas a este nuevo módulo. Ahora muchas facturas incorporadas en el año pasado no aparecen. Obligando a reingresarlas manualmente. ¿Quién va a pagar los intereses de mora que se puedan ocasionar?
Frente al detalle del decreto de liquidación; en palabras simples, la Constitución impone una interrelación entre el Congreso de la República y el Gobierno para definir en que se deben gastar los recursos públicos. El primero aprueba una Ley y el segundo la ejecuta las partidas, conforme a una programación y un riguroso régimen legal. Cada peso que se pretenda pagar deberá contar con registro presupuestal para que los recursos no sean desviados. A ello concurre, inexorablemente, el principio de legalidad. No puede haber una erogación que corresponda a un crédito o gasto decretado conforme a la ley y adicionalmente, el estatuto orgánico impone la obligación de inscribirlos previamente en el Banco de proyectos del DNP.
Entonces, el gobierno no puede pretender, a mutuo propio, cambiar el curso de los recursos públicos, ni mucho menos incumplir compromisos adquiridos, sin previo proceso de incumplimiento contractual o decisión judicial. Desde esta tribuna, le solicito al ministro Ricardo Bonilla una explicación al país, acerca de lo que está pasando en su sector y con la destinación y ejecución de los recursos de todos los colombianos.
