Las cifras recientes sobre salud mental en el Atlántico, proporcionadas por la Secretaría de Salud y avaladas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, revelan una situación alarmante que requiere atención urgente. Desde enero de 2022, 193 personas se han quitado la vida, destacando una crisis en salud mental, especialmente en niños y adolescentes de entre 7 y 21 años. Esta realidad demanda acciones integrales para abordar la problemática de manera efectiva y sostenible.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en 2021 marcó un punto álgido en los casos de suicidio en Colombia. La situación económica, el aislamiento social y la incertidumbre generalizada exacerbaron los problemas de salud mental en toda la población, y el Atlántico no ha sido una excepción. Sin embargo, lo más preocupante es el incremento de los casos entre los jóvenes, lo que indica una falta de sistemas de apoyo adecuados en las instituciones educativas y el entorno familiar.
Casos recientes, como el suicidio de jóvenes en centros educativos y el acoso escolar extremo, evidencian la falta de mecanismos eficaces de protección y prevención. El caso de una niña de 11 años, víctima de bullying violento, es solo un ejemplo de cómo las instituciones actuales no están preparadas para abordar de manera integral estos problemas. Aquí es donde necesitamos actuar con urgencia, ya que la salud mental de nuestros niños y adolescentes debe ser una prioridad.
El Plan de Desarrollo del Atlántico para el periodo 2024-2027 incluye algunas estrategias para la promoción de la salud mental y la convivencia social pacífica. No obstante, estas políticas aún resultan insuficientes para la complejidad de la crisis actual. Es fundamental ir más allá del decreto 129 de 2022, que se ha centrado principalmente en el consumo de drogas, y ampliar el enfoque hacia otros factores que afectan la salud mental, como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la violencia física y psicológica.
Es crucial que en el departamento del Atlántico adoptemos una política pública integral de salud mental, que aborde de manera simultánea todos los factores que inciden en el bienestar emocional de nuestros ciudadanos, no solo desde una perspectiva médica, sino también social y educativa. Entre las acciones prioritarias deben incluirse:
1.- Programas de prevención en instituciones educativas: Es urgente incorporar programas que identifiquen y apoyen a niños y adolescentes en riesgo. Para ello, se debe capacitar a los docentes y consejeros en la detección temprana de problemas como el bullying, la depresión o la ansiedad, y dotarlos de herramientas para intervenir adecuadamente.
2.- Fortalecimiento de los servicios de salud mental: Es imperativo mejorar el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica en todo el departamento. Esto incluye la ampliación de los equipos profesionales, la reducción de los tiempos de espera y la implementación de estrategias que faciliten la detección temprana de trastornos mentales, para garantizar intervenciones oportunas y efectivas.
3.- Campañas de sensibilización social: Necesitamos impulsar campañas que reduzcan el estigma asociado a la salud mental y fomenten la empatía, la comprensión y el apoyo entre la comunidad. El objetivo es que las familias y las comunidades participen activamente en la construcción de un entorno más saludable para todos.
4.- Atención a la violencia y el acoso escolar: Los entornos educativos deben contar con protocolos claros para prevenir y abordar el acoso en todas sus formas, desde la violencia física hasta el bullying psicológico. Además, es fundamental que estas instituciones trabajen en conjunto con las familias y las autoridades para crear redes de apoyo sólido.
5.- Coordinación interinstitucional: Las iniciativas de salud mental no deben ser esfuerzos aislados de una administración específica, sino que deben formar parte de un sistema coordinado y sostenible. Es necesario garantizar la continuidad de estas políticas más allá de los cambios políticos, para que sus beneficios sean duraderos.
La crisis de salud mental en el Atlántico no es un problema que podamos ignorar o postergar. Es imperativo que actuemos con responsabilidad y determinación, ofreciendo soluciones concretas que protejan y fortalezcan a nuestros jóvenes. La salud mental es la base de una sociedad sana y próspera, y en nuestras manos está el poder para marcar una diferencia significativa en la vida de miles de personas.
Solo a través de un enfoque cohesionado y multisectorial podremos reducir los índices de suicidio, fortalecer nuestras instituciones y garantizar que el futuro del Atlántico esté en manos de una generación emocionalmente saludable y resiliente.
