Durante el último día de la COP30, realizada este año en Belém do Pará, Brasil, la ministra (e) de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, anunció que Santa Marta será la sede de la primera conferencia internacional para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, programada para el 28 y 29 de abril de 2026. El anuncio, hecho desde la ciudad amazónica, reafirma la postura de Colombia frente a la crisis climática: un compromiso que exige decisiones serias en un contexto donde el 75% de las emisiones globales provienen de la quema de gas, petróleo y carbón.
En este camino, un papel fundamental lo ocupa el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una iniciativa global que busca detener la expansión del petróleo, el gas y el carbón, y trazar una ruta justa para su eliminación progresiva. Este tratado —impulsado por países altamente vulnerables al colapso climático como Vanuatu, Tuvalu, Fiyi, Tonga y Colombia— complementa el Acuerdo de París al abordar de manera directa lo que dicho acuerdo no regula: la producción misma de combustibles fósiles. Su fuerza radica en la diversidad de actores que lo respaldan: ciudades de todo el mundo, más de un centenar de premios Nobel, miles de científicos, comunidades indígenas, organizaciones ambientales, movimientos de salud pública y plataformas ciudadanas que han entendido que no habrá futuro posible mientras sigamos expandiendo las fronteras de la extracción. La conferencia global que tendrá lugar en Santa Marta será, por primera vez, un punto de encuentro político y moral entre gobiernos, sociedad civil y pueblos guardianes del territorio para avanzar hacia un marco vinculante que permita superar el orden energético que hoy amenaza la vida planetaria.
La conferencia mundial buscará que los países productores, exportadores y consumidores dependientes de los combustibles fósiles avancen hacia políticas coherentes con la reducción real de sus emisiones. En el caso colombiano, el desafío es particularmente complejo: nuestra economía aún depende de la extracción y exportación de carbón y petróleo, que representan el 1,24% y el 3,1% del PIB, respectivamente. En este escenario, la transición energética justa se vuelve imprescindible para diversificar la matriz energética y avanzar hacia una soberanía responsable que reduzca las emisiones de CO₂.
Pero eliminar progresivamente los combustibles fósiles es apenas la superficie del problema. Durante décadas, los megaproyectos minero-energéticos, de hidrocarburos y también aquellos llamados “limpios”, han generado daños profundos e irreparables en los territorios. La Guajira es quizá el ejemplo más evidente: concentra el mayor número de proyectos energéticos del país y sostiene desde los años ochenta uno de los complejos de minería de carbón a cielo abierto más grandes de Latinoamérica, bajo el control de Glencore–Cerrejón.
Allí se han documentado reiteradas violaciones a los derechos humanos, incumplimientos en consulta previa, asesinatos de líderes sindicales y comunitarios, desplazamientos forzados —como el caso emblemático de Tabaco— y la intervención irregular de ecosistemas esenciales como el río Ranchería y el arroyo Bruno. Varias decisiones del Consejo de Estado y de organismos internacionales han respaldado las denuncias de comunidades wayuu, afro y guajiras. Y, aun así, estos patrones se repiten en numerosos municipios del país.
Esto revela un problema estructural: Colombia sigue anclada a un modelo de desarrollo extractivista que condiciona su política económica y limita su capacidad de transformación. Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha impulsado avances, siguen siendo avances insuficientes. El país necesita con urgencia un cuerpo institucional fuerte, independiente y con recursos propios para controlar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de todos los proyectos extractivos, nacionales o transnacionales.
Una transición energética justa debe ser también una política de redistribución: que quienes más riqueza concentran aporten más, que las industrias que reducen emisiones reciban acompañamiento estatal para fortalecer sus prácticas, y que las comunidades —las más impactadas por el cambio climático— cuenten con un Estado capaz de mitigar las afectaciones.
Lejos de la vieja retórica del “país en vía de desarrollo”, Colombia está llamada a convertirse en una potencia mundial de la vida. Su diversidad biológica —que representa el 10% de la biodiversidad del planeta en menos del 1% de la superficie terrestre— y sus ecosistemas estratégicos, desde páramos hasta manglares y la Sierra Nevada de Santa Marta, así lo demuestran. Este último territorio, uno de los centros de biodiversidad y endemismo más importantes del mundo, ha sido protegido durante siglos por los pueblos originarios, guardianes espirituales del agua, los bosques y los equilibrios ecológicos.
Sin embargo, incluso allí, las políticas públicas flaquean ante las presiones mineras, energéticas y agroindustriales. A esto se suma que grandes extensiones de tierras fértiles permanecen subutilizadas o concentradas en pocas manos. Una transición justa exige redistribuir estas tierras, reorientarlas hacia modelos productivos sostenibles y rechazar las compensaciones ambientales que pretenden equilibrar daños irreversibles con medidas superficiales.
La biodiversidad del país no puede seguir tratándose como mercancía. Debe convertirse en la base de un bienestar colectivo que reconozca el valor de lo ancestral, lo comunitario y lo territorial. Solo así será posible que la energía solar y eólica —con enorme potencial en Colombia— se implementen de manera responsable, respetando los límites ecológicos y garantizando beneficios reales para las comunidades.
Esto también implica un punto ineludible: los nuevos proyectos energéticos no pueden continuar recayendo sobre los territorios rurales y étnicos, especialmente aquellos protegidos por normas nacionales e internacionales. Para lograrlo, se necesita una reforma agraria integral que garantice acceso equitativo a la tierra, fortalezca la función social y ambiental del territorio y haga intocables las áreas protegidas. Todo proyecto energético que pretenda intervenir territorios habitados debe asegurar participación directa, vinculante y con beneficios proporcionales para las comunidades.
Desde la ciudad de los 500 años —Santa Marta, donde se realizará esta conferencia histórica— surge un llamado a los territorios: a las organizaciones sociales, los procesos comunitarios, los movimientos ambientales, las colectivas políticas y las expresiones culturales que defienden la vida. Es momento de construir una agenda común que coloque la vida en el centro y reconozca que el abandono de los combustibles fósiles no es un capricho de gobierno, sino una responsabilidad histórica frente a un planeta que ya enfrenta puntos de no retorno.
La humanidad no puede permitirse seguir ignorando estas señales. Colombia tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que otra forma de habitar y cuidar el territorio es posible.
