Aunque no sorprende, no deja de ser alarmante el resultado en las exportaciones colombianas durante 2023. El reciente informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), devela una actividad de comercio exterior disminuida, que reclama la atención y el liderazgo nacional para su impulso como uno de los grandes dinamizadores de la economía interna.
El recrudecimiento de la sequía a causa del inclemente fenómeno de El Niño que está impactando nuestro territorio, empezó a pasarle factura a los embalses del país,
Estamos hablando de uno de los sectores que en los últimos años ha sumado gran dinamismo e impulso a la economía del país, llegando a representar 5,1% del PIB de Colombia. En 2020, 2021 y 2022, solo la rama de construcción de edificaciones, creció a tasas cercanas a 10% en términos del PIB del sector.
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El aumento de 15,12% en las casetas que forman parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invias), además de ser una amenaza para la economía nacional, es el conteo regresivo de una bomba social que no podemos permitirnos ver estallar.
Las alarmas que han resonado tras conocerse el proyecto de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) 701 028 de 2023, tienen su justificación en las consecuencias nefastas que traería para los usuarios y el sistema, la intervención en el mercado energético, tal y como se ha planteado.
A pocos días de pasar la página del año 2023, que culmina para el país con un complejo panorama económico y político, existen buenas razones para ser optimistas respecto del presente y futuro de los colombianos. La paz y el desarrollo socioeconómico son sueños irrenunciables por los que tenemos la confianza de seguir luchando, con las diferencias que son propias en una democracia como la nuestra, de antigua tradición en América Latina. En medio de los múltiples conflictos que se viven en Colombia, las dificultades económicas en aumento y las brechas sociales que se amplían, el país demanda unidad en todos los sectores. Estamos en los tiempos propicios para soltar los odios que están dominando los corazones, y menguar la falta de empatía que está degradando a nuestra sociedad, sacando lo peor sin permitirle un espacio a la reconciliación. Es hora de hacer un alto y converger en un diálogo constructivo que nos una y acerque a ese mejor país con el que todos soñamos. Si logramos centrarnos en las soluciones, es posible ver la luz al otro lado del túnel. Cerramos este año con la buena noticia del compromiso de suspensión del secuestro extorsivo por parte del ELN, que esperamos se cumpla sin titubeos, así como también la liberación de los secuestrados. Estas son las muestras que exige el proceso en el nuevo ciclo de diálogos que iniciará el próximo año en Cuba. Una reconciliación más amplia y completa, nos invita sin lugar a dudas a mantener la mentalidad optimista y a confiar en mejores tiempos para nuestro país. No podemos permitir que se nos vuelva paisaje, la inseguridad que ha invadido a las ciudades. Este flagelo viene escalando a grandes pasos, afectando la integridad y la vida de los ciudadanos, quienes reclaman el restablecimiento del orden y el retorno de la tranquilidad. Nuestro llamado al gobierno nacional y los nuevos gobernadores y alcaldes, es a que trabajen coordinadamente con la fuerza pública, en la lucha contra la criminalidad. En este nuevo año el gobierno debe procurar el mejoramiento de la economía a través de medidas que nos permitan afrontar el impacto de la inflación, así como extinguir las posibilidades de una recesión. Es urgente atraer inversiones y generar garantías, apostarle al crecimiento de industrias como las manufactureras, el comercio y la construcción de vivienda, que tuvieron un año con saldos en rojo. Despido este 2023 convencido de haber hecho desde el Congreso de la República las gestiones y actividades legislativas necesarias, para brindar a los colombianos mejores condiciones de convivencia pacífica y calidad de vida, a pesar de algunos instrumentos de política de Estado de cuya filosofía me aparté. Mi compromiso es continuar trabajando por las necesidades más apremiantes del país, estudiaremos con lupa el paquete de reformas que estará en la agenda legislativa el próximo año, para buscar consensos y apoyar las propuestas que consideremos pertinentes y de beneficio para los colombianos. Necesitamos ponernos de acuerdo para no abandonar el barco que transporta nuestros sueños y anhelos como Nación transformada y transformadora. Que la Navidad y el nuevo año nos ayuden a recobrar la templanza del espíritu, la pasión de la creatividad y la innovación y la convivencia pacífica que nos muestra como un pueblo maduro y unido. Mis mejores deseos y bendiciones a ustedes y sus familias en esta navidad, que el amor y la paz de Dios siempre los acompañe.
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Gran sorpresa causó, en su momento, el anuncio realizado por la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el entonces alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, de pasar el parque eólico Jepírachi a esquema de propiedad con las comunidades wayuu en La Guajira. La extrañeza no era solo por lo inédito de la alianza público popular, sino por el inesperado acuerdo y las inquietudes que generaba tal sucesión. La propuesta planteada como la “materialización de la transición energética justa”, se empañó de múltiples dudas que nunca fueron aclaradas, además de la molestia de las comunidades Kasiwoluin y Arutkajuy, quienes desde un principio señalaron no haber sido consultadas. Inaudito que se volviera a cometer el error de pasar por encima de las comunidades. Al parecer, todavía no se ha entendido que para avanzar en la transición energética es indispensable trabajar en armonía con las poblaciones, involucrándolas en las etapas de formulación, implementación y evaluación de todos los proyectos y propuestas que los afecte de manera directa. También, hicieron parte del debate, las inquietudes acerca del proceso de desmantelamiento que ya se había iniciado en el parque, la manera en que operaría a partir de la entrega, la sostenibilidad y el mantenimiento, y lo más importante para las comunidades cercanas a Jepírachi; ¿A cargo de quién quedaría la planta desalinizadora de agua que construyó EPM como medida de compensación? El tema de la ampliación de la vida útil del parque requería de estudios técnicos, financieros, ambientales y sociales que nunca se realizaron. Además de la urgencia de subsanar varios temas normativos para permitir la continuidad de la operación del parque, que por no existir una Creg en propiedad no se hizo. Finalmente, y como era de esperarse, EPM anunció que continuaría el desmantelamiento. Una perla más para el rosario de incumplimientos de los gobiernos con La Guajira. La resistencia y el escepticismo de la comunidad wayuu ante el despliegue de la industria de energías renovables en su territorio, tiene su origen en los históricos abusos de los que han sido víctima, por parte de anteriores proyectos extractivos de índole minera y energética. Un antecedente que, aunque no debe repetirse, sigue dándose en el camino de la transición, con el irrespeto de un territorio estratégico y clave para el futuro energético de Colombia. La transición energética “justa” no debe cimentarse en decisiones apresuradas y sin estudios, como la propuesta salida de la nada de entregar el obsoleto parque eólico Jepírachi a los wayuu, que solo fue una muestra de la improvisación, que no conviene para la política bandera del actual gobierno, menos con las comunidades que tienen sus reservas. No solo con buenas intenciones se lograrán resultados, esta promesa incumplida le da un alivio a las comunidades, quienes sabían que la propuesta estaba destinada a convertirse en un fuerte dolor de cabeza.
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Aunque el Distrito de Barranquilla evidencia claras señales de progreso y a nivel infraestructural los avances son notables, en materia de movilidad todavía no se da la talla. Con un servicio cada vez más deficiente, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana, Transmetro, se encuentra muy lejos de cumplir las expectativas de los ciudadanos, quienes exigen un servicio eficiente, seguro y efectivo. El mantenimiento a la flota de buses, compromiso de los concesionarios Sistur y Metrocaribe, es casi nulo. El pésimo estado en que se encuentran los buses, las bajas frecuencias de los vehículos, la deteriorada infraestructura de las estaciones y portales, la congestión de pasajeros en las horas picos, son las principales quejas de los usuarios que en los últimos años han ido migrando a otros medios de transporte. De los 204 buses que deberían estar operando, solo funcionan 144, es decir que faltan 60 buses en las calles para atender la demanda. Las deficiencias con las que nació el Transmetro, producto de la improvisación y precipitud de los estudios iniciales que dieron origen al sistema, con un sobredimensionamiento del número de usuarios por día, problemas de infraestructura, operación, logística y obras, son las que lo han mantenido agonizante por largo tiempo. A pesar de que la creación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), impidió en su momento, la parálisis del servicio, aun el sistema no responde a las exigencias de los barranquilleros y una vez más vuelve a estar en el ojo del huracán por su crisis financiera, reflejada en el deficiente servicio. Alejando cada vez más la posibilidad de recuperar a los usuarios que han migrado a otros modos de transporte, los saldos en rojo le restan a la operación, sumando millonarias pérdidas. Poco se ha podido apaciguar la delicada situación financiera del Transmetro. De los $27.269 millones provenientes de una adición al Presupuesto General de la Nación, aprobada por el Congreso de la República, para aliviar el déficit operacional del Transmetro, $18 mil millones fueron embargados, no sirvió de mucho. Y quienes se encuentran pagando los platos rotos son los usuarios, con un pésimo servicio. Mientras los entes de control, investigan el caso para establecer responsabilidades y presuntos detrimentos, urgimos al presidente Gustavo Petro a buscar nuevas fórmulas para salvar no solo al Transmetro, sino también a los sistemas masivos del país que se encuentran en crisis. Idear nuevas fórmulas financieras que permitan su rescate es uno de los grandes retos que tiene el Gobierno Nacional. Las medidas de fondo de reingeniería que requiere el sistema y su financiación para garantizar una mejor operación son aspectos, de los que aún no se tiene claridad a futuro, por lo cual es importante que se le dé al sistema, la luz que necesita. El mejoramiento del servicio del Transmetro es un tema que no da espera. Una reestructuración integral, con el apoyo del Gobierno Nacional, es clave para rescatar el sistema masivo y evitar su colapso.
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Uno de los temas mencionados en el discurso del Presidente Gustavo Petro en la Conferencia de las Partes (COP 28) en Emiratos Árabes Unidos, que sigue resonando con preocupación, es la negativa del mandatario de realizar nuevos contratos en materia de exploración de hidrocarburos. Discusión que si bien no es nueva, enciende las alertas acerca del futuro energético, social y económico del país. Aplaudimos la bandera por la protección del medio ambiente y los recursos naturales del Presidente, esta siempre ha sido la visión que hemos promovido desde el Congreso de la República. Sin embargo, reprochamos la manera en la que desde el primer momento se ha abordado la política energética, sin la prudencia y responsabilidad, que requiere, dejando un manto de dudas sobre la soberanía energética de Colombia en el corto, mediano y largo plazo. Ignorando los datos y estudios que evidencian la persistente disminución en la producción de petróleo y gas nacional, así como las advertencias de los expertos, quienes coinciden en la necesidad continuar con la exploración y la construcción de la infraestructura requerida para conectar los yacimientos con la demanda, el presidente Petro insiste en no otorgar nuevas áreas de exploración. No hay duda que es importante reducir la dependencia de fuentes no renovables en el país, lo que no significa que se tengan que satanizar los hidrocarburos y los otros energéticos con bajas emisiones, como el hidrógeno azul, que son necesarios para respaldar una transición segura. El enemigo a combatir son los Gases Efecto Invernadero – GEl que emite su combustión y la industria es la llamada a hacerlo. Bien lo dijo el Presidente en su discurso, Colombia tiene 70 % de su matriz energética limpia. A nivel mundial somos la novena matriz más limpia. El marco fiscal de nuestro país está hecho basado en las regalías y el dinero que recibe Colombia por la exportación de petróleo. Tendríamos a futuro un gran problema de hacienda pública, no solamente por los recursos que Ecopetrol entrega todos los años al Gobierno nacional, sino que muchas de las obras que hacen los municipios y departamentos del país se hacen a través de las regalías que recibe el país por la explotación de petróleo y gas. Soy un abanderado de la expansión de las energías renovables, pero también estoy consciente que existen grandes limitaciones y obstáculos. Todavía la transición tiene muchas piedras en la rueda, como la falta de compromiso del Ministerio de Ambiente y algunas Corporaciones Autónomas Regionales -CAR- con los proyectos renovables, advertida recientemente por la Procuraduría. No hay sintonía en el Gobierno para avanzar. Este es el momento de concentrarnos en corregir los inconvenientes en los trámites, la ineficiencia de las autoridades y de procurar la consolidación de un marco regulatorio estable que impulse el desarrollo del sector y presione el acelerador. Mientras tanto, debemos continuar con la utilización de los fósiles, de manera responsable, a través de una agenda energética incluyente, que garantice a los colombianos la protección del medio ambiente, la seguridad energética y una transición responsable.
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Se ha vuelto paisaje en el país, escuchar cada tanto acerca de accidentes en minas ubicadas principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Por las terribles consecuencias que está generando en un importante número de trabajadores fallecidos, lesionados y con enfermedades, la accidentalidad minera es un tema que requiere urgente atención por parte del Estado. Aunque existe un Código Minero, la regulación actual no ha sido suficiente para brindarle entornos seguros a quienes trabajan en el sector. El Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, coinciden en que las tres principales causas de accidentes son: Falla geomecánica, Explosión y Atmósfera contaminada, siendo la explotación de carbón bajo tierra, la causa de mayor accidentalidad. Con una cifra anual que ronda en más de 100 accidentes mortales al año, según las estadísticas de la Agencia Nacional de Minería, se hace impostergable implementar acciones para la protección de la vida de los mineros. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad, en el 2022 el sector cerró con un total de 21.935 accidentes, lo cual equivale a un promedio de 60 eventos por día y una tasa de 12,54 accidentes por cada 100 trabajadores, superando cinco veces la tasa nacional, que se ubicó en 4,65. Estos accidentes ocurren tanto en explotaciones ilícitas y en minería legal; sin embargo, existe un subregistro de los accidentes en explotaciones ilícitas precisamente, por la ilegalidad de esta actividad. Estudios geológicos identifican que las zonas mineras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca tienen presencia de gas asociado al carbón, debido a la frecuencia de las explosiones, circunstancias que coinciden con las zonas de mayor accidentalidad en el país. Las explosiones son las responsables de la mayoría de los eventos fatales, circunstancia que exige una comprensión profunda. Es por ello, que la identificación de las razones detrás de los recientes accidentes es vital para explorar alternativas que reduzcan la accidentalidad minera, especialmente en relación con el gas asociado a los mantos de carbón. Sí o sí hay que buscar una solución para reducir la accidentalidad minera. Nuestra propuesta, en este sentido, es enfocarnos en soluciones que aprovechen los recursos mineros sin comprometer la seguridad. Por ejemplo, extraer el gas asociado a los mantos de carbón puede ser la clave para: reducir la accidentalidad minera, aprovechar el gas mediante tecnologías que beneficien a la comunidad y a las empresas mineras, y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una necesidad es el trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional Minera, que redundará incluso en la posibilidad incrementar el potencial gasífero en el país. Hace unos días, en debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, pedimos y propusimos a la Agencia Nacional de Minería y a los ministerios de Minas, Protección Social y del Trabajo, concretar soluciones innovadoras que transformen la industria minera en una actividad segura y sostenible para el país y el bienestar de los trabajadores.
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