En Colombia, a seis meses de las elecciones de Senado y Cámara, la mayoría de los candidatos están concentrados en armar equipos políticos, visitar regiones y planear publicidad. Sin embargo, pocos entienden que la campaña no solo se libra en las calles, sino también en los estrados judiciales y los despachos de las autoridades electorales. Y es allí donde, con frecuencia, se pierde lo que ya se había ganado en las urnas.
El error más costoso de los aspirantes es creer que la estrategia jurídico – electoral se activa cuando aparecen problemas. Nada más equivocado. La experiencia muestra que la defensa real del voto se inicia antes de inscribir la candidatura, continúa durante la campaña y se consolida después del día electoral.
La prevención es la primera victoria: Los casos recientes de pérdida de curules por inhabilidades o incompatibilidades mal revisadas deberían ser una alerta. El Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han dejado sin efecto elecciones donde los candidatos tenían respaldo popular, pero no jurídico. Una revisión técnica previa permite blindar la inscripción, evitar demandas de nulidad electoral y garantizar que la aspiración no nazca herida de muerte.
La financiación y la propaganda bajo lupa: El régimen de topes, reportes y fuentes de financiación está más vigilado que nunca. Un error en el reporte al aplicativo Cuentas Claras o la aceptación de recursos prohibidos puede derivar en la pérdida de la investidura o en sanciones disciplinarias y penales. Igualmente, la propaganda electoral irregular (excesos en medios, uso indebido de redes, publicidad anticipada) se convierte en munición para los adversarios. Una estrategia jurídica sólida acompaña cada paso para evitar sanciones que pueden desestabilizar una campaña entera.
El día de elecciones y después; la verdadera defensa del voto: Muchos candidatos creen que todo termina el día de las votaciones, cuando en realidad allí empieza la parte más delicada. La cadena de custodia del voto, la preparación de testigos, las reclamaciones oportunas y los recursos contra irregularidades son determinantes. El que no se prepara con equipos jurídicos y técnicos para defender las actas, difícilmente podrá sostener sus resultados en los escrutinios.
Ganar en votos no es suficiente: La política moderna exige entender que el éxito electoral depende tanto del respaldo ciudadano como de la solidez jurídica. Candidatos que confiaron únicamente en la popularidad terminaron perdiendo por descuidar el componente legal.
Dejar lo jurídico para última hora es, en la práctica, una estrategia de derrota. Quien aspire con seriedad debe rodearse desde ya de expertos que anticipen riesgos, estructuren la defensa y aseguren que cada voto cuente. En este escenario, el estratega jurídico – electoral no es un lujo: es el seguro de vida de la campaña.
