En Colombia la tierra no ha sido para quien la trabaja, el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. El 19% de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas.
En este país de la región noroccidental de América del sur, un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar, es por ello que en este territorio cuando tengan la tierra, la tendrán quienes realmente la luchan y la necesitan, debido a que, de los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, el 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. Pareciera ser un crimen cultivar en este Estado unitario, social y democrático de derecho.
El 42,7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. En el caso de las mujeres, solo el 26% tienen titularidad, el 0,1% de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra.
En relación al porcentaje de tierra colombiana ocupada por finca de mas de 500 hectáreas, en 1960 el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46% y en 2017 el número escalo al 66%.
La reforma agraria en Colombia, es fundamental para poner fin a la desigualdad, los terratenientes y dueños de la tierra han explotado al campo colombiano en ganadería extensiva, existiendo una desproporción en la redistribución de la tierra, por lo que es urgente hacer una reforma en este sector que dignifique al campesino, sin embargo para poder cumplir este anhelo, es necesario que el Estado garantice la compra de tierras a los dueños para evitar conflictos y muertes, debido a que la disputa de la tierra siempre ha sido inicio de guerras y sufrimiento donde terminan afectados los más vulnerables como lo son los campesinos, y los mas desfavorecidos de la sociedad colombiana.
En Colombia, las cifras oficiales indican que el número de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada, (RUPD) es 2.169.874, que corresponden a 485.579 hogares. Es importante tener en cuenta que las cifras reportadas del RUPD equivalen a los hogares e individuos que llevan a cabo el registro en el RUPD de Acción Social por medio de su declaración ante una entidad del Ministerio Público. Sin embargo, el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia (SISDES) de la Consultoría para los Derechos Humanos (CODHES) reporta 3.676.038 personas desplazadas; gran parte de estos desplazamientos se dan por la disputa de la tierra, además del conflicto armado en un país dividido por la lucha de clases y el odio, se intensifican cada vez por el control del narcotráfico, la tierra y la tiranía de quienes han ostentado el poder por décadas.
En Colombia el 75,5% de los municipios son rurales, los cuales abarcan el 94,4% del territorio nacional. En ellos vive el 32% de la población. Este país, es más rural de lo que pensábamos hace algunos años, el 64% de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra, el 46,5% de la tierra la posee el 0,4% de los propietarios de más de 500 hectáreas, de los 3.718.000 predios rurales inscritos en el catastro nacional, 1,7 millones no cuentan con títulos formales de propiedad. Por lo que es momento de volver a mirar hacia el campo y darles a los campesinos las herramientas necesarias para que la tierra sea productiva; convirtiéndose es uno de los retos del Estado, sus instituciones y servidores públicos.
Por lo anterior, es imperativo hacer una reforma agraria profunda que permita hacer una distribución equitativa de la tierra, para poder dignificar el campo colombiano y ser potencia en la producción agrícola, con capacidad de explotar la tierra fértil que existe en un país diverso como lo es Colombia.
