En diciembre, el espacio de preocupación tanto para empleados como para empleadores se centra especialmente en lo que ha de ser el incremento del SMMLV para el año entrante, discusión que va desviando la atención de temas neurálgicos para el mercado laboral colombiano, como es la aprobación en segundo debate de la Ley 166 de 2023.
La reforma laboral en discusión en el Congreso plantea un conjunto de cambios con el objetivo de dignificar el empleo en Colombia. No obstante, es crucial analizar cómo estas modificaciones impactarán realidades específicas, como la del departamento del Magdalena, donde la informalidad laboral y empresarial supera el 70 %, sumado a una estructura empresarial del 99 % conformada por microempresas.
Uno de los puntos más sensibles es la limitación en la duración de los contratos a término fijo (Artículo 6). Si bien esta medida busca brindar mayor estabilidad laboral, también podría generar una contracción en la generación de nuevos empleos formales, especialmente en sectores donde los ciclos de producción son estacionales.
Una alternativa podría ser permitir contratos de mayor duración en actividades con estas características, lo que ofrecería flexibilidad a los empleadores y seguridad a los trabajadores.
El cambio del inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p.m. (Artículo 13) también ha generado preocupación, particularmente en un departamento como el Magdalena, donde predominan actividades como el comercio y la hostelería.
Si bien esta medida busca reconocer el esfuerzo de quienes trabajan fuera del horario diurno, también incrementa los costos laborales para los pequeños empresarios. Mantener el horario nocturno a partir de las 9:00 p.m. podría ser una alternativa que equilibre los intereses de trabajadores y empleadores.
En el caso de las plataformas digitales de reparto (Artículo 27), la obligación de afiliar a los trabajadores a la seguridad social representa un avance en su formalización. Sin embargo, para que esta medida sea sostenible, es necesario ajustar los porcentajes de aportes obligatorios, permitiendo que las plataformas y los trabajadores compartan de manera equitativa esta responsabilidad.
Asimismo, la formalización del trabajo doméstico (Artículo 37) es una iniciativa positiva, pero su implementación deberá considerar un régimen simplificado para garantizar que las familias empleadoras puedan cumplir con estas nuevas exigencias sin que ello desincentive la contratación. Por último, la seguridad social en micronegocios (Artículo 38) representa un gran desafío para el Magdalena.
La creación de incentivos fiscales y subsidios será clave para que las microempresas puedan asumir estos costos sin sacrificar empleos formales.
Es imperativo avanzar hacia la dignificación del empleo en Colombia, pero este proceso debe contemplar la diversidad de las estructuras empresariales y laborales del país. Invito al Congreso y a los actores involucrados a considerar propuestas que logren un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas, especialmente en regiones como el Magdalena.
Solo así podremos construir un mercado laboral más justo y competitivo, que brinde oportunidades reales para todos.
