Carlos Caicedo, Virna Johnson, y Rafael Martínez, figuras insignia del extinto partido Fuerza Ciudadana, enfrentan investigaciones por malversación de fondos, contratos amañados y doble militancia. Pero detrás de sus caídas individuales, hay una historia más oscura: la de una ciudad atrapada en un ciclo sin fin de impunidad.
Los medios de comunicación y periodistas con criterio hemos advertido más de una vez, que la historia de Santa Marta, primera ciudad fundada en el territorio colombiano (ad-portas de cumplir 500 años), ha sido una mezcla de esplendor y decadencia. Sin embargo, hoy, más que nunca, la sombra de la corrupción amenaza con sepultar sus oportunidades de desarrollo, convirtiéndola en un perverso laboratorio de malas costumbres administrativas.
Fuerza Ciudadana, el movimiento que juró enterrar las prácticas corruptas de las viejas élites, es acusado desde diferentes flancos de perfeccionarlas. Sus líderes, desde alcaldes hasta gobernadores, enfrentan múltiples investigaciones por malversación, contratos amañados y obras fallidas. Pero esta no es solo una historia de caídas personales: es el relato de cómo una estructura política convirtió lo público en un botín y dejó a una ciudad al borde del colapso institucional.
Virna Johnson, exalcaldesa de Santa Marta y quien se perfilaba como el comodín de Fuerza Ciudadana para buscar juego político en las próximas elecciones, es el rostro más visible de este declive: la Procuraduría la inhabilitó por ocho años tras descubrir que adjudicó un contrato de $4.900 millones para una cancha en Gaira con requisitos hechos a la medida de un contratista.
Las pruebas no dejan dudas: el proceso de selección se diseñó para favorecer a un contratista específico, imponiendo requisitos que limitaron la participación de otros oferentes en clara violación a los principios de transparencia y equidad.
Pero, Johnson no es una excepción. Su caso se repite, con variaciones macabras, en la gestión de Carlos Caicedo, líder y fundador de Fuerza Ciudadana. La Fiscalía lo llevó a juicio por la pérdida de $6.500 millones en cinco centros de salud que nunca funcionaron. Los samarios, en lugar de hospitales funcionales, recibieron escombros y excusas.
A esto se suma la megabiblioteca, un proyecto emblemático que hoy simboliza el fracaso de una administración que confundió la obra pública con propaganda y por el que el ‘jefe de la tropa’ también irá a juicio. Pero el caicedismo no se detuvo en Caicedo.
Rafael Alejandro Martínez, actual gobernador del Magdalena y heredero político del movimiento, enfrenta ahora su propio calvario jurídico. El Consejo de Estado está a punto de fallar una demanda de nulidad electoral por doble militancia: mientras aspiraba a la Gobernación por Fuerza Ciudadana, respaldó públicamente a candidatos del Partido de la U a Asamblea y Concejo, violando las normas que prohíben coaliciones no formalizadas.
Según muchos entendidos en estos asuntos, lo más probable es que pierda su cargo. Sin embargo, ahí no terminan los líos de Martínez: la Procuraduría también lo señaló por irregularidades en convenios por $1.000 millones con Fundec durante su época como alcalde de Santa Marta, firmados en plena vigencia de la Ley de Garantías.
La patentada estrategia de esconderse tras el discurso de persecución política no debilita la contundencia de las pruebas que ya están sobre la mesa. Por donde se le mire, el panorama es desolador y plantea una pregunta ineludible: ¿qué le espera a Santa Marta si no hay una transformación radical en su administración?
Durante la última década, Fuerza Ciudadana ha tenido el control absoluto de la ciudad y recientemente del departamento, pero sus resultados están lejos de las promesas de cambio con las que conquistó el electorado. Hoy no hay cómo ocultar la deficiente gestión de los recursos públicos, los múltiples escándalos de corrupción en todos los niveles y el creciente descontento ciudadano son señales claras de que el modelo de gobierno implantado por Carlos Caicedo y sus colaboradores está agotado.
¿Qué sigue? Los samarios tienen ante sí una encrucijada. Pueden optar por la resignación, creyendo que el cambio es imposible, o pueden recordar las palabras de Anna Frank: “podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones”. Y, sobre todo, que las lleven a las urnas en señal de protesta y amonestación.
Fuerza Ciudadana demostró que las promesas de renovación pueden ser un espejismo; ahora corresponde a la ciudadanía exigir líderes que prioricen hechos sobre retórica, transparencia sobre lealtades partidistas, y el interés común sobre el patrimonio de unos pocos.
Santa Marta merece más que un legado de obras inconclusas y procesos judiciales. A casi nada de cumplir 500 años, su futuro depende de romper con los vicios que Fuerza Ciudadana prometió erradicar y terminó perpetuando. La respuesta no está en los tribunales, sino en la voluntad de sus habitantes. El tiempo, como el erario, se agota: ¿estará la sociedad samaria preparada para dar ese paso?
