Estamos a un debate de lograr que la educación sea un derecho fundamental en nuestro país, para que cada colombiano y colombiana pueda acceder a una educación de calidad, sin barreras; durante todo el ciclo vital, desde la educación inicial y hasta la superior en todo el territorio nacional. No obstante, alrededor del trámite en el Congreso y sobre su contenido ha habido bastante desinformación que vale la pena precisar.
En primer lugar, nuestras acciones como bancada de Gobierno han sido siempre en coherencia con la intención del Presidente de dialogar para construir acuerdos amplios alrededor de las necesidades y luchas históricas del movimiento social y sindical. No podemos hipotecar el derecho y el acceso a la educación de millones que viven a diario las profundas brechas de la nación.
Segundo, lo que se ha conocido en la opinión pública como “la enmienda”, que corresponde al texto aprobado en Comisión Primera de Senado, ya no existe. El principal objetivo de dicho texto fue revivir un proyecto que la oposición tenía hundido y buscar unos mínimos comunes entre todos los sectores, para seguir con su trámite en Senado, donde la correlación de fuerzas es distinta. Al respecto, siempre señalé haber quedado inconforme con parte de sus contenidos, por lo que anuncié que insistiríamos en plenaria con nuestras demandas, que son también las de las organizaciones del movimiento educativo y de diferentes sectores sociales. De no haber hecho esto, habrían hundido nuestra propuesta y aprobado la de la oposición que era altamente regresiva, y que no tenía en cuenta el texto aprobado en Cámara, lo que habría llevado la educación a condiciones del siglo XIX. Vale la pena indicar que, de 21 senadoras y senadores de Comisión Primera, el Gobierno solo contaba con 6, quizá 8 votos.
Debo recordar también, que el proyecto pasó ocho meses en Cámara, mientras que a Senado, después de varias sesiones infructuosas por maniobras dilatorias de algunos sectores políticos, apenas el 21 de mayo logramos iniciar su discusión. Además, al ser una ley estatutaria, sólo tiene 1 legislatura para debatirse, por lo que debe quedar aprobada y conciliada a más tardar este 20 de junio, lo cual nos dejó muy poco margen y tiempo para la discusión.
Y en tercer lugar, entiendo, comparto y respaldo los reparos y críticas de diferentes organizaciones que convocaron a movilizaciones estos últimos días, pese a que algunos argumentos con los que se citaron nunca estuvieron en el texto que salió de comisión, hecho que no quita la necesidad ni la validez de presionar para que en el debate se aprueben las justas demandas que siempre hemos defendido en las calles.
En este sentido, esta semana sostuvimos múltiples reuniones con FECODE, con representantes del SENA y su sindicato, con otros sectores del movimiento educativo, con el Ministerio de Educación y también con los ponentes de las diferentes bancadas, buscando un acuerdo transversal que permitiera incorporar estos reclamos. Sin embargo, el pasado jueves la oposición nos informó que no aceptaría estas demandas y que decidían abandonar la mesa de diálogo, por lo que, como ponentes del proyecto de Ley Estatutaria de Educación del Gobierno, junto a la senadora Aida Quilcué y los senadores Alberto Benavides, Ariel Ávila y Julián Gallo, radicamos un nuevo texto para el último debate en plenaria, que recoge lo aprobado en Cámara y todas las reivindicaciones del movimiento educativo y social.
Entre los puntos estratégicos de esta nueva ponencia, eliminamos todos los reparos señalados por las organizaciones; recogimos las propuestas de FECODE, garantizando la no persecución docente y una evaluación orientada al mejoramiento de las capacidades para atender a la población de forma pertinente; también del SENA, protegiendo su autonomía y la prestación de programas educativos sin prerrequisitos; así como de estudiantes y de la comunidad educativa, asegurando la protección de la educación pública, garantizando recursos y priorizando el fortalecimiento del sector, manteniendo la eliminación de brechas y las medidas afirmativas para las distintas poblaciones del país.
También, se eliminan las menciones al modelo mixto y lo de educación terciaria, señalando que la educación privada seguirá siendo respetada, lo mismo que la autonomía universitaria, a la vez que se profundiza la democracia y la participación de las comunidades.
El texto preserva, entonces, el espíritu de la garantía del derecho fundamental, donde el Estado es el garante del derecho durante toda la vida, incluído el ciclo inicial y la educación superior pública, para que toda la población, de todas las edades y en cualquier parte del país, pueda acceder a una educación de calidad.
¿Qué queda por delante? En plenaria de Senado nadie tiene las mayorías aseguradas, por lo que hay un campo en disputa sobre el cual trabajar por satisfacer los derechos de las poblaciones en todos los territorios. Así fue con la Reforma Pensional. En este sentido, hago un llamado a todas las bancadas a trabajar por el derecho a la educación de todas las poblaciones y a votar positivamente por nuestra ponencia.
Y a las organizaciones, a las comunidades interesadas, y en general a toda Colombia, les invito a no bajar la guardia, a continuar con la movilización y a que sigamos exigiendo al Congreso que cumpla con su deber institucional de legislar en favor del pueblo, pero también a qué sigamos dialogando para defender una educación digna y de calidad para todas y todos en todo el territorio. Jamás podemos olvidar que las luchas se dan peleando. Con pedagogía y con la gente, el gobierno del cambio se defiende.
