La crítica condición de liquidez de las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía amenaza la continuidad de la prestación del servicio en varias regiones del país. Los riesgos que se temían, se empezaron hacer realidad en este 2025. Con el apagón en Puerto Carreño, Vichada, sonó un nuevo campanazo de alerta sobre los peligrosos riesgos a los que estaría abocado el sector en los próximos meses, si se quiebra uno de los eslabones fundamentales de la cadena energética.
La crisis financiera que tiene en penumbra a más de una docena de empresas comercializadoras de energía, radica en gran medida por los retrasos en los giros de los recursos por concepto de subsidios a usuarios de estratos 1, 2 y 3, Opción Tarifaria y deuda de establecimientos oficiales, que el Gobierno continúa dilatando, sin miramientos. Un golpe directo contra las clases menos favorecidas, especialmente en el Caribe colombiano.
La interrupción del servicio de energía en Puerto Carreño, el pasado 2 de enero, fue un evento que ya se había pronosticado. Pese a las advertencias lanzadas meses atrás por XM y la Contraloría General de la República, el Gobierno Nacional se negó a girar, durante ocho meses, los pagos correspondientes a los subsidios, que representan más de 50% de la energía facturada por Electrovichada, dejando en aprietos financieros a la empresa y provocando la suspensión de la operación. Cuando el daño estaba hecho, el gobierno realizó el giro pero: ¿Por qué esperaron a que se presentara el apagón? ¿Seguirán ignorando los llamados de auxilio de las demás empresas?
Si el Gobierno de turno no cumple con las contraprestaciones establecidas por la ley, sencillamente se trunca la inversión de las empresas para ampliar las coberturas y mantener la infraestructura en la prestación de los servicios, razón por la cual se les niega la posibilidad de acceder a ellos a quienes no los tienen y se deteriora la calidad de aquellos que no pueden ser objeto de los planes de mejoramiento y en el peor de los casos se apaga el sistema. Es un craso error demorar el pago de los subsidios y las deudas que el Estado tiene pendiente con las empresas distribuidoras.
En el Caribe, además de las preocupaciones por los crecientes problemas de la intervenida empresa Air-e, tenemos el drama de Afinia, que acumula deudas de más de $2 billones, debido a que 90% de los usuarios pertenece a los estratos subsidiados. El hueco financiero amenaza la sostenibilidad de la empresa y con ello la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en los cinco departamentos que atiende.
Sin duda alguna, los temas del sector energético deben mantenerse lejos del populismo. Es irresponsable aprovecharse de esas materias para cosechar imagen, o movilizar a la gente corriendo el riesgo de alterar el orden público con consecuencias impredecibles. Lo que está en juego con una crisis energética es el futuro de la economía y de la estabilidad social. Es urgente que el gobierno salde las deudas y despeje el panorama de incertidumbre que hay en el sector.
